El Gobierno admitió que nunca auditó comedores populares a los que cortó asistencia alimentaria por presuntas irregularidades

Un año y tres meses después del pedido de acceso a información pública, el Gobierno nacional admitió que no realizó ninguna auditoría sobre los comedores populares a los que les cortó la asistencia alimentaria bajo el argumento de que «no existían».

El pedido fue cursado por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Natalia Zaracho. Se lo dirigió al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello el 16 de mayo del año pasado. Eso es, un día después de que la ministra y el entonces Jefe de Gabinete Nicolás Posse aseguraran que una auditoría había detectado que la mitad de los comedores comunitarios no existían.

Con ese argumento, la gestión libertaria justificó el cese de envío de alimentos a los comedores. Millones de kilos que permanecían sin distribuir y al límite de la fecha de vencimiento en los galpones de Capital Humano. Con las revelaciones del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sobre las trabas y trampas para que se registren los potenciales beneficiados de asistencia social, el dato no sorprende.

Lo mismo de siempre

La auditoría “resulta ser inexistente”. Así el Ministerio de Pettovello admitió en la respuesta a Zaracho, según reveló el periodista Ari Lijalad en una nota de El Destape.

“Casi el 50 por ciento de los comedores no existían”, sentenció el luego desplazado Posse a mediados del año en el Congreso. Y apoyó esa supuesta irregularidad en una auditoría que, finalmente, el Gobierno reconoció que nunca se había hecho.

«Por la presente vengo a solicitar copia del informe de la auditoría a que hace referencia el señor Jefe de Gabinete Nicolás Posse en su presentación del Informe de Gestión ante esta Cámara de Diputados de fecha 15/05/2024», preguntó a Capital Humano la diputada del Frente Grande.

Según el entonces jefe de Gabinete, la auditoría fantasma había revelado «direcciones donde nunca había funcionado un comedor y en muchos habían funcionado mucho tiempo atrás». La mención a ese relevamiento quedó registrada en la versión taquigráfica de aquella sesión.

Esas supuestas irregularidades, ahora se ve que nunca comprobadas, quedaron reflejadas en varios medios de comunicación afines al Gobierno. En otros, abundaron los testimonios de referentes barriales sobre la inexistencia de visitas de funcionarios para comprobar cómo funcionaban.

Juego de palabras para la mentira

En la respuesta oficial a la diputada Zaracho, Capital Humano escribió una excusa con formalidades inverosímiles: «La referencia genérica a ‘auditoría’ comporta una interpretación gramatical realizada por el entonces jefe de Gabinete, la cual se refiere a las acciones de control propias de los órganos a cargo de la ejecución de las políticas públicas y no a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley N°24.156″. La referencia es a la Ley de Administración Financiera que regula el funcionamiento de los organismos públicos.

El Ministerio de Capital Humano confirmó, en su respuesta a la diputada Zaracho, que hicieron “supervisiones y/o verificaciones territoriales». Y admitió que las mismas «no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría».