Guillermo Calviño fue suspendido el 31 de marzo como Superintendente de la fuerza de la Ciudad. A regañadientes, el oficialismo debió reconocer su apartamiento ante repetidos pedidos del legislador Gustavo Vera.
A fines de ese año, cuando la Federal y la Metropolitana dieron paso a la Policía de la Ciudad, Calviño quedó en el limbo. Poco antes, había afrontado por lo menos tres procesos judiciales de los que salió indemne, por falta de pruebas en su contra. Según enumeraron desde la Fundación La Alameda fue acusado de proteger policías corruptos, de haber dado cobertura a la fuga de un barra de Boca Juniors que se dedica al secuestro extorsivo y de haber liberado la zona en el Bajo Flores para un enfrentamiento armado entre la misma mafia de La Doce que terminó en un asesinato en el 2013.
Más allá de estas sospechas, el 21 de febrero, el gobierno de la Ciudad designó a Calviño como Superintendente de la flamante policía porteña a pedido de José Potocar, ex hombre de su confianza y a cargo, por ese entonces, de la nueva fuerza policial. Hoy, como se sabe, caído en desgracia y preso sospechado de ser parte de una estructura corrupta de recaudación de dinero.
Según la resolución 147, Calviño asumía a la Superintendencia de manera retroactiva al 1º de enero. Pero ese status le duró poco. El 1º de marzo, a una semana de la designación, el ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad que conduce Martín Ocampo le otorgó una licencia extraordinaria sin goce de haberes que persiste hasta el día de hoy.
El legislador de Bien Común, Gustavo Vera, celebró el apartamiento de Calviño. Sus causas penales en curso y un escrache de efectivos en septiembre del año pasado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la por entonces Policía Metropolitana le impidieron llegar a la Jefatura de la flamante Policía de la Ciudad, indicaron desde ese espacio político. No se le podía poner a la nueva fuerza un cuestionado en la Justicia ni alguien que fuera criticado tan abiertamente por sus subordinados, agregaron.
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