El Gobierno contra la ley de Emergencia en Discapacidad: «Las personas no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente»

Tras impulsar medidas que se traducen en recortes, estigmatizar al punto de llamar “imbéciles, idiotas y débiles mentales” -en una resolución oficial que nunca se modificó- a las personas con discapacidad e impulsar una auditoría que se concreta con maltratos, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió un comunicado para expresar su “enérgico rechazo” al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca dar contención a un sector cada vez más vulnerado.

“Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria”, asegura el mensaje del área comandada por Diego Spagnuolo.

El Foro Permanente Discapacidad –que nuclea a instituciones abocadas al tema- publicó una dura respuesta a la Andis. “Son múltiples las situaciones que dan cuenta de una emergencia concreta, visible y urgente. En ese contexto, resulta difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento o una construcción interesada”, cuestionaron las organizaciones. Y añadieron, dirigiéndose a Spagnuolo y demás funcionarios de la Agencia: “Aseguran que el proyecto de ley se opone a la inclusión plena de las personas con discapacidad, sin aportar fundamentos técnicos ni jurídicos que sustenten dicha afirmación. De sus palabras se desprende una visión preocupante: pareciera que entienden por ‘vida independiente’ dejar a las personas a su suerte, sin las herramientas mínimas necesarias para ejercer sus derechos y sostener su autonomía”.

Todo en nombre del superávit

El comunicado de la Andis se conoció luego que la oposición obtuviera dictamen de mayoría en un plenario de la Cámara de Diputados, para que siga tratándose el proyecto que impulsa Daniel Arroyo y acompañan las personas con discapacidad, organizaciones y familias. El próximo paso es que se defina una nueva fecha de discusión en el recito, posiblemente en tres semanas.

La Andis justificó su rechazo por considerarla “una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Además de difundir ese comunicado, Spagnuolo publicó una columna en Infobae para acusar al “kirchnerismo” de impulsar la medida que fustiga.

Allí indicó que el proyecto propone una extensión de la pensión por invalidez laboral que tendría “un costo fiscal de 150 millones de dólares mensuales. Mientras que la compensación a prestadores, solamente por el 2024, otros 100 millones de dólares en el caso de los que trabajan con la ANDIS. Sin lugar a duda, hay una intención manifiesta de atentar contra la principal política económica del Gobierno Nacional: el superávit fiscal”.

Para poner cifras en contexto, en la jornada anterior al anuncio de la última devaluación el Gobierno gastó 400 millones de dólares, vendidos por el Banco Central. El equivalente al presupuesto de todo el año del Conicet. En un día.

“No parece representar un motivo de preocupación, según su declaración, que muchas personas con discapacidad, que gracias a distintos apoyos han podido salir del aislamiento y participar en actividades significativas, corran el riesgo de perder esos avances. Tampoco que el acceso al transporte para concurrir a tratamientos esté comprometido por los bajos aranceles o por la falta de transporte público accesible. Ni que hogares o residencias para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue, con la frecuencia y continuidad necesarias, a quienes dependen de ella para vivir con dignidad”, enumeraron desde el Foro.

Cabe recordar que al anunciar las supuestas irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones durante la gestión anterior el vocero presidencial y actual candidato porteño Manuel Adorni exhibió la radiografía de un perro como documento que habría sido utilizado para asignar un subsidio. Luego se demostró que ese intento de engaño había sido correctamente detectado y denunciado, y que nunca se había otorgado el beneficio a quien lo había presentado.

Un sistema en emergencia

Antes que la Andis pusiera en circulación su repudio al proyecto, el diputado Arroyo dijo en el marco de la jornada de visibilización –el miércoles último- que “es evidente que estamos ante una emergencia. No es que el sistema está un poco desfasado. No es que tiene problemas. No es que hay un porcentaje que falta ajustar. Está totalmente desfasado, desactualizado: 28 mil peros por mes no tiene ninguna lectura posible. Necesitamos un sistema de pensiones lógico, razonable. Sobre esa base, este proyecto declara la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está desfasado y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones sin generar impacto fiscal sustantivo y sale del maltrato”. Y cerró: “El nivel de dolor de las familias y las personas es inmenso. No es un proyecto que busca tensionar, es de pura humanidad, racionalidad económica y justicia”.

Si bien la población con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en torno suyo siempre reclamaron mejores condiciones, desde que asumió el gobierno de Javier Milei vienen advirtiendo que el impacto del ajuste se traduce en menos acceso a terapias, tratamientos, transporte y demás derechos. A eso se sumó la situación generada con el inicio de las auditorías encaradas con el argumento de depurar pensiones supuestamente mal otorgadas. Esto incluyó citaciones a grandes distancias de los domicilios, filas de espera durante horas, requerimientos presenciales para personas electrodependientes y otra formas de maltrato.

“Lo que sacó la Andis es nefasto, nos siguen tomando el pelo. ¿Qué políticas reales tienen para las personas con discapacidad? Nos auditan en condiciones inhumanas, vacían la Andis, y el único proyecto que intenta hacer algo por nosotros, lo repudian. No se entiende el odio que tiene este Gobierno con las personas con discapacidad. Tiene que ser Ley este proyecto para que se termine este maltrato”, reclamó Jony de la Silla, referente de Argentina Humana Inclusiva y al frente del streaming Discasta, una coproducción con Tiempo.

La discapacidad como blanco

“Desde el inicio de la actual gestión, la Andis ha concentrado sus esfuerzos en reestructurar el organismo, erradicar el asistencialismo sin control y promover políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias: la inclusión”, afirmó el comunicado del Gobierno.

Entre lo que señala como logros, eumera la “mejora sostenida de los valores prestacionales: en 2024 el aumento acumulado fue del 99%, frente a una inflación del 117,8%, revirtiendo la tendencia heredada”.

Las organizaciones respondieron, también, con números. “No es cierto que hayan provocado una mejora en los valores de las prestaciones. Ustedes dicen que el aumento fue del 99 % frente a una inflación del 117.8 %, pero dejan de lado el 25 % de inflación de diciembre de 2023, cuando ya eran gobierno. Para cubrir parte de esto, dieron en enero y febrero de 2024 un aumento del 32 %, pero la inflación del mismo período fue del 36.57 %. Si bien la inflación de 2024 fue del 117 %, al no tener en cuenta la inflación de diciembre de 2023, claramente mejoran los números. Pero si se suma ese 25 % a la inflación de 2024, el resultado es 173.3 %. Por lo tanto, no se ha revertido la tendencia heredada, no hubo recuperación”.

Además, quienes integran el Foro Permanente Discapacidad indagaron: “Ustedes afirman que, eliminando pensiones mal otorgadas, se recuperarán recursos genuinos. ¿Qué sucederá si las pensiones fueron correctamente otorgadas? ¿Qué sucede hoy con las más de 2 millones de personas con discapacidad que viven en la pobreza y con más de 500.000 solicitudes de pensión aún sin resolver? En reuniones con organizaciones se ha dejado entrever que no habrá recursos para nuevas pensiones ni para la actualización de aranceles. Esta perspectiva, de concretarse, comprometerá seriamente la calidad de vida y los derechos de miles de personas”.

Por último, dirigieron un mensaje a “Spagnuolo y demás autoridades de la ANDIS: todos coincidimos en que el objetivo es la inclusión, pero esta no se decreta ni se alcanza por aspiración. Requiere acciones concretas: detección temprana, rehabilitación, educación, acceso a apoyos, transporte accesible, comunicación inclusiva, eliminación de barreras físicas y simbólicas, y políticas sostenidas en el tiempo. Las personas que hoy enfrentan necesidades urgentes no pueden esperar soluciones a largo plazo ni el ‘derrame’ prometido. Si no se las acompaña en su presente, se hipotecará su futuro”.