El gobierno creará un enorme conflicto social con el fin de la moratoria

La razón de la nueva crisis que se avizora para dentro de unos pocos años es que el 90% de las mujeres no puede acceder a una jubilación formal, con los 30 años de aportes requeridos, del mismo modo que siete de cada diez varones.

En 2024, 427.000 personas recibieron el alta jubilatoria. De ellos, 314 mil lo lograron vía la moratoria.

Esa población sólo podrá contar como ingreso con la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), un beneficio más parecido a una dádiva del Estado y que carece de los atributos de una jubilación, como la pensión por fallecimiento del titular.

Según lo que ya manifestaron tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, no habrá renovación de la moratoria cuando ésta venza el próximo domingo 23.

«Una vez que se cierre esta moratoria no se volverá a abrir. Es un ajuste importante. Esto implica una situación de enorme gravedad y vulnerabilidad en el mediano plazo para estas personas», sostiene Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). «Eso va a ser un problema social importante de acá a unos años», agrega.

La decisión del gobierno está enmarcada en el ajuste fiscal para lograr un superávit insustentable. De acuerdo con los números que maneja CEPA, el gobierno va a generar un «ahorro» de $ 220 mil millones solamente en 2025 por los meses que no se darán nuevas altas por moratoria, y por lo tanto, no se pagarán.

El ahorro en el caso de los varones surge porque en vez de pagar un haber mínimo con moratoria, pagará la PUAM, un 20% menor. Y en el de las mujeres, el gobierno tiene el ahorro por dar de alta y pagar apenas una única jubilación cuando hasta ahora éstas eran diez (de las que nueve por moratoria) durante los próximos cinco años.

Además, aparece otro problema: el descalce de la edad jubilatoria en el caso de las mujeres porque el acceso a la PUAM es a partir de los 65 años, cuando las mujeres obtienen su jubilación a los 60 años. Es decir, para recibir una prestación mínima, deberán esperar cinco años más.

El debate

La discusión de la moratoria está presente y el gobierno pretende instalar en la sociedad la idea de que son injustas porque le dan el mismo trato a personas que no completaron los 30 años de aportes que a aquellas que sí lo hicieron.

«En el 99% de los casos, las personas que no tienen aportes son víctimas de la retención indebida de aportes por parte del empleador o de la falta de registración. Por lo tanto se trata de una situación de vulnerabilidad del trabajador. Ellos son las víctimas y al eliminarse la moratoria, se los vuelve a victimizar», explica Costa.

A este universo hay que sumar las mujeres que se ocupan de las tareas de cuidado no remuneradas, como las amas de casa. «Cumplen una función social muy importante en materia reproductiva y de cuidados que se volcaba sobre la moratoria para acceder a una jubilación. Allí hay una cuestión muy importante de equidad vinculada a las moratorias», observó Costa.

Futuro

Las moratorias tienen un sentido en la medida que buscan apenas paliar los efectos de decisiones empresarias, de evasión de la Seguridad Social. Pero el mismo gobierno que elimina la moratoria es el que está incentivando que las patronales no registren a sus trabajadores. «Este gobierno va en el sentido opuesto a una política de registración. En la reforma laboral que sacó por el DNU 70/2023 planteó la eliminación de toda penalidad sobre el trabajo no registrado, con lo cual es su legalización en la práctica», señaló Costa.

El economista concluyó: «Es una política que, en el mediano y largo plazo, va a incrementar la cantidad de trabajadores no registrados, cuentapropistas y en economías de subsistencia sin aportes previsionales y, por lo tanto, desfinanciando la seguridad social y, en el mediano plazo, agudizan el problema de tener una parte importante de la población que no puede acceder a un beneficio previsional».