El gobierno de Colombia busca consenso para el acuerdo de paz

El gobierno de Colombia reclamó hoy «con urgencia un consenso nacional ya para poder implementar el acuerdo» de paz con las FARC, en el comienzo del debate parlamentario destinado a refrendar el instrumento firmado la semana pasada por las autoridades del país y los líderes de la organización guerrillera.

“Necesitamos con urgencia un consenso nacional ya para poder implementar el acuerdo, un acuerdo regional y nacional entendiendo, que debemos respetar el Estado, la reincorporación de estas personas que dejarán las armas, el respeto por los nuevos partidos que van a surgir», afirmó el alto comisionado para la Paz del gobierno, Sergio Jaramillo.

El funcionario sostuvo que «han sido muchos los muertos y las víctimas» y «es hora de refrendar e implementar estos acuerdos y pasar a la construcción de la paz”.

«Lograr un acuerdo con una guerrilla como las FARC después de 50 años de guerra es un acuerdo que realmente ataca los focos de violencia, las condiciones que han promovido la violencia, y eso nos garantiza un cierre, y es nada menos que un milagro», subrayó Jaramillo durante el debate que comenzó esta mañana en el Senado.

El comisionado remarcó que «la paz no es algo que ocurre, es algo que se construye», advirtió que «desde los escritorios de Bogotá no se construye» y añadió que en las negociaciones que se extendieron casi cuatro años en La Habana las partes llegaron «al límite de lo que es posible hacer en una negociación de paz».

El diálogo en la capital cubana derivó en un primer acuerdo firmado por las partes a fines de septiembre pasado pero que fue rechazado por la mayoría de los votantes en el referendo del 2 de octubre.

Como consecuencia de la consulta, el gobierno y las FARC aceptaron modificar el contenido del pacto. Lo debatieron en una negociación de la que también participaron sectores que se habían opuesto al primer acuerdo y de allí surgió el segundo, suscripto el jueves pasado.

Parte de las nuevas condiciones es que el acuerdo actual no será sometido a referendo sino a la aprobación del Congreso, donde el gobierno y sus aliados tienen amplia mayoría en las dos cámaras y sólo se opone el partido Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe, con alrededor de 20% de los votos legislativos.

El primer orador fue el jefe del equipo negociador del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien recordó que todos los presidentes de Colombia desde 1980 intentaron acordar la paz con la guerrilla y señaló que el actual es «el debate de medio siglo».

De la Calle exhortó a los colombianos a unirse en la coordinación de acciones para evitar que aumente la cantidad de víctimas del conflicto armado, que suman más de ocho millones, según datos divulgados hoy por el Centro para la Memoria Histórica.

El ex vicepresidente consideró «lógico que las FARC pidan garantías y protección de sus vidas, porque en su memoria están sus allegados que participaron en un proceso de paz y fueron acribillados por fuerzas oscuras en el pasado».

Se refirió a las negociaciones que se realizaron entre 1984 y 1986 entre el gobierno y varias organizaciones guerrilleras, y que quedaron sin efecto debido a ataques de las fuerzas armadas y de seguridad a campamentos rebeldes, principalmente del grupo M-19.

Asimismo, De la Calle defendió el «fast track» (vía rápida), el procedimiento legislativo especial, de trámite más veloz, elegido para la sanción de las leyes relacionadas con la implementación del acuerdo de paz.

«No es un capricho del gobierno nacional sino una necesidad, porque por la vía ordinaria la demora en la discusión de los proyectos de ley que se deban tramitar pondría en jaque el cese al fuego bilateral con las FARC y el riesgo de que los guerrilleros rasos retornen a alguna actividad ilegal aumentaría», explicó.

El debate iniciado hoy en el Senado continuará mañana en la Cámara de Representantes y se espera que ese trámite se extienda posiblemente hasta el jueves.

Una vez resuelto, quedará establecido el primero de los 150 días fijados para que los miembros de las FARC entreguen todas sus armas a los veedores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tras la aprobación del acuerdo, el Congreso deberá tratar los proyectos de leyes relacionados, entre los cuales el primero será el de amnistía que beneficiará a aquellos guerrilleros que no hayan cometido delitos graves.