Tras la habilitación de la actividad hasta agosto, el ministro Guillermo Bernaudo justificó la medida en la supuesta creación de empleos.
Frente a las crecientes críticas de los colectivos ecologistas, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, salió a respaldar la medida con argumentos legales y productivos. El funcionario desestimó la posibilidad de un veto estatal a la práctica al afirmar de manera contundente: “No podemos prohibir lo que está permitido”, sosteniendo que se trata de una actividad amparada por normativas vigentes y por la propia Constitución.
Durante una entrevista brindada al programa El Séptimo Día por Radio Plaza, Bernaudo defendió el impacto económico de los cotos en el territorio provincial, especialmente en regiones sensibles como el departamento Islas del Ibicuy. El ministro ligó la continuidad de la actividad al sostenimiento de puestos de trabajo locales, asegurando que la temporada de caza “genera empleo” en el sector turístico y de servicios rurales, un argumento recurrente de la gestión para validar la explotación de la fauna nativa como recurso comercializable.
Desde la vereda opuesta, las organizaciones de la sociedad civil exigen poner freno a lo que consideran un negocio extractivista que atenta contra la biodiversidad en un contexto de crisis climática. Entidades como el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) vienen denunciando la falta de estudios científicos serios que respalden el estado real de las poblaciones de las especies permitidas para el tiro, sobre todo para los patos.
Los activistas señalan que las audiencias públicas previas funcionaron apenas como una formalidad administrativa para convalidar decisiones preexistentes, ignorando el reclamo mayoritario de la ciudadanía que rechaza la matanza de animales por diversión.
La disputa expone una vez más la tensión de fondo en la provincia: por un lado, una mirada oficial que reduce la fauna silvestre a un eslabón de la cadena de valor turística y, por el otro, un movimiento socioambiental que exige el cumplimiento efectivo de las leyes de bienestar animal y los principios de preservación de los ecosistemas locales.
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