El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires demandó al Estado Nacional ante la máxima corte del país.
En un principio, el gobierno bonaerense intentó otras estrategias para evitar esta demanda, pero la negativa del parte del Estado nacional a buscar una solución política, direccionó la estrategia hacia el Poder Judicial.
El mediodía del lunes se presentó una medida cautelar y una “acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional”. Allí solicita que “se declare la plena vigencia y eficacia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)” que a fecha supera los “$42.000.000.000 más intereses”.
Además, presentaron una segunda demanda contra el Estado Nacional por la “plena vigencia” del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajes por automotor urbano y suburbano del interior del país”.
Se le pide a la Corte que exija al gobierno de Milei la “transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto del Fondo Común de Inversión (FCI) desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva”. En este caso el monto reclamado es de “$5.000 millones aproximadamente”.
Esta decisión ya había sido anticipada por Axel Kicillof en una entrevista la semana pasada en Futurock. “Es la Corte Suprema la que tiene que resolver conflictos entre provincias y Nación por los recursos que el presidente se manoteó diciendo que eran fondos discrecionales. No es legal hacer eso”, planteó el mandatario.
De acuerdo a lo informado por el portal Somos Télam, Kicillof, con el patrocinio del Fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, inició una acción declarativa en la que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma que elimina el Fondo.
Según explicaron en la presentación, la Provincia perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento, por lo que en la actualidad recibe solamente el 22% de los recursos coparticipables cuando concentra el 38,2% de la población, aporta el 35% del PBI nacional, posee el 42% de la población económicamente activa, el 50% del valor agregado industrial, concentra el 38% de la matrícula educativa, el 38% de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social.
Por ello, Kicillof pidió la inconstitucionalidad del decreto 192/24 –que derogó el FOFOFI- “con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”.
A la vez, elevó una medida cautelar para que se le ordene a la administración que abone los saldos que adeuda por el fondo de noviembre y diciembre de 2023 y de enero y febrero de este año y que en los próximos meses continúe con el envío del dinero.
El Gobierno nacional le informó a la Corte Suprema que los fondos no abonados son 88.799 millones de pesos y solicitó “el desembolso correspondiente al 1,18 por ciento de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
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