El Gobierno de Macri reprime una vez por semana

Del total, la mayoría ocurrió en la provincia de Buenos Aires, distrito de María Vidal: un 26.5% de los casos. Lo sigue la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta al mando: el 16.9%. El tercer puesto lo comparten Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Salta, con un 6% que se traduce en 5 episodios cada una.

Entre la asunción de Macri y el 31 de marzo de 2017 (período que toma el informe) pasaron 475 días, que divididos sobre la cantidad de conflictos (83), da como resultado un promedio de un caso cada 5.7 días.

Manuel Tufró, coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dio su punto de vista a Tiempo: “El Estado debe garantizar la seguridad de las personas que están protestando, no ponerlas en riesgo. Si se producen desmanes, los cuerpos de seguridad deben actuar, utilizando la menor violencia posible y garantizando la integridad física de las personas”.

El relevamiento destaca que la línea de conflictos con represión es ascendente. “El aumento de la cantidad de conflictos por mes seguidos de represión es significativo. A nivel nacional, si realizamos la comparación tomando los primeros trimestres de 2016 y 2017, se produce un incremento superior al 100%: los conflictos de represión eran 3 por mes y se elevan a 7 por mes. En CABA, la incidencia se duplica: de 1 a 2 por mes”, explica CEPA.

Tufró entiende que la curva ascendente del nivel de represión no es casualidad: “Fueron ganando terreno. El año pasado, la estrategia se basaba más en amenazas, en elevar el tono en lo discursivo. Utilizaban la represión contra los sectores más débiles como los manteros, por ejemplo, que están completamente desprotegidos. Este año, ya lo hacen también con actores sociales que se encuentran en posiciones más fuertes, hasta llegar incluso a la represión contra los docentes en pleno Congreso”.

Para Tufró, “hay un mensaje claro por parte del Gobierno de demonizar y criminalizar las protestas sociales. Las colocan, incluso, en un lugar de delito. Lo preocupante es que además lo utilizan como parte de la campaña electoral. No piensan que pierden votos con esto, sino todo lo contrario: apuntan a mantener o seducir a un sector de la sociedad que entiende a la represión como un acierto”.

Doctor en Ciencias Sociales y docente de la UBA, Tufró observa que “cada vez dejan menos margen para la protesta. Primero, fueron contra los piquetes, al decir que el problema no era la protesta, sino la ilegalidad de los piqueteros. Hoy, ni siquiera permiten medidas mucho más ‘suaves’ como fue la escuela itinerante”.

Como contracara, CEPA muestra que el incremento de conflictos con represión coincide con la línea decreciente del poder adquisitivo de la clase trabajadora. “No es que con el Gobierno anterior no existía la represión. Pero sí había una política de diálogo y de búsqueda de soluciones pacíficas. Lo que cambió es que este Gobierno tiene una ideología distinta: ven a la represión como la mejor forma de acabar con las protestas, que a su vez son cada vez producto de la profundización de la crisis económica”, apunta el investigador del CELS.

El informe define como “conflicto con represión, a todo aquel reclamo social o laboral, con o sin organización previa, que encuentra como respuesta la acción de las fuerzas de seguridad con algún grado de violencia física”.

Finalmente, Tufró dejó una advertencia sobre las posibles consecuencias de esta política de Estado: “El Gobierno cree que de esta manera va a eliminar las protestas. Pero es posible que al recrudecer las medidas lleguen a un punto en que las protestas se multipliquen y, en caso de que ocurra algo grave, se le vuelva la opinión pública en contra, incluso en sectores que en principio no ven a la represión como algo negativo”.

Abajo, el informe completo con el detalle de cada conflicto: