El gobierno de Santa Fe pidió al juez del concurso que desplace al directorio de Vicentin

A través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, el gobierno de Santa Fe le solicitó al juez del concurso de acreedores de Vicentín que acepte la intervención de tres miembros que propuso la provincia, dos por el gobierno nacional y uno por Santa Fe, y que deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio y así evitar que «quienes llevaron a esta situación de crisis a la empresa la continúen administrando».

Así lo informó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien remarcó que «las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303».

Para Somaglia, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, «tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado».

En declaraciones a radio Universidad, de Santa Fe, Somaglia agregó que esa ley sostiene que, «cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención».

Somaglia advirtió que, si el juez sigue en su postura de mantener al antiguo directorio, la provincia irá » subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto».

En esa línea, dijo que «la posibilidad de la pacificación social, si se quiere, u ordenar todo este inicio de este concurso, es que, realmente, quien está comprometido en el interés, que es provincial, pueda conducir la empresa».

En este sentido, el funcionario santafesino fundamentó esta afirmación con el argumento de que la provincia va a ser quien haga «frente a las erogaciones que corresponden hacer» mientras que «los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está».

Somaglia justificó la presencia de interventores nacionales «porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el salvataje, en el rescate de la empresa».

«(El presidente Alberto) Fernández dice lo mismo: ‘yo no le voy a dar todo el dinero al (gobernador Omar) Perotti, yo al dinero que voy a poner, (para administrarlo) quiero tener la gente de mi confianza, como es el doctor (Gabriel) Delgado, que tiene una reputación reconocida en el orden nacional».

El gobierno nacional designó a Gabriel Delgado y a Luciano Zarich para encabezar la intervención y la propuesta de la provincia es que se sume Alejandro Bento, un dirigente cercano a Perotti.  

Aclaró luego que, «con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin» porque -indicó- «los socios continúan siendo socios», con lo cual «no pierden su situación».

En este marco, explicó que «no es que los interventores llegan y hacen lo que quieren», sino que hay un «marco de control y transparencia».

«Hay tres síndicos que son propios de la empresa, que controlan al directorio y controlarán a los interventores; hay tres síndicos concursales, van a controlar; hay un juez, está el comité de acreedores», enumeró.

Previamente, el secretario de Justicia había aclarado que el gobierno de la provincia pretende, «en consonancia con el gobierno nacional», que «si van a ir al rescate, al salvataje de la empresa, que los fondos que puedan venir de estos organismos públicos sean administrados por el que pone el dinero y no por los integrantes del directorio, que están siendo cuestionados no solamente en la Nación sino también en otros lugares del mundo».

«Desde el punto de vista económico acá hay una realidad: hay una empresa que, más allá de que los propietarios sean de la familia Vicentin, no está en condiciones de afrontar los compromisos tomados con anterioridad, no solamente con bancos nacionales y extranjeros sino con productores y cooperativas y con los propios empleados», puntualizó.

«La cuestión económica es determinante», señaló Somaglia y dijo que a los Estados nacional y provincial no los «satisface» que «quienes llevaron a esta situación de crisis a la empresa la continúen administrando».