El gobierno, decidido a intervenir en la industria farmacéutica

El decreto que estableció el aislamiento preventivo y obligatorio habilitó la intervención del Estado sobre la industria farmacéutica y esta semana las primeras medidas se hicieron sentir. No sólo los fabricantes nacionales de respiradores, barbijos, camas de internación, tubos de oxígeno y otros insumos críticos para la atención de la pandemia recibieron la orden de aumentar su producción e informar al gobierno de su stock, para que este pueda comprar y distribuir en todo el país de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria, sino que además se obligó al laboratorio de origen suizo Roche a «donar» al Estado unos reactivos «para investigación» que había distribuido sin autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) a laboratorios privados, para que también sean usados en el marco de la estrategia oficial. Sólo así, aseguran desde el Ministerio de Salud, se puede evitar que las jurisdicciones con menores recursos se queden sin los elementos necesarios para combatir el virus.

En la resolución conjunta 1/2020 dictada por los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo, se ordena el incremento de la producción hasta el máximo de la capacidad instalada a todos los fabricantes de los “insumos críticos sanitarios necesarios para mitigar la propagación del coronavirus (Covid-19), y para su tratamiento terapéutico y curativo”. En esa resolución se agrega que se debe informar a la Secretaría de Comercio Interior la can-tidad de bienes producidos y se establece la “prioridad de adquisición a entidades sanitarias, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Salud”.

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En cumplimiento de esa orden, el miércoles 25 se informó a todas las fábricas de este tipo de insumos que se abstengan de distribuir cualquier entrega prevista de equipamiento sin consultar con la cartera que conduce Ginés González García. Dos días después, el viernes 27, se ordenó la distribución de 190 respiradores a varias provincias del país. De esos aparatos, 72 ya habían sido adquiridos por distintos distritos, y otros 118 fueron comprados directamente por el Estado nacional para repartirlos en función de la urgencia actual que revista en cada provincia la situación epidemiológica.

Donación forzada

El 18 de marzo, el laboratorio privado cordobés LACE publicó un comunicado en el que informaba que no podría seguir realizando test de Covid-19 a raíz de que el laboratorio Roche había dejado de entregarle reactivos a pedido de la ANMAT). Poco después, el organismo oficial que debe garantizar la eficacia, calidad y seguridad de esos productos, informó que Roche los había comercializado sin su autorización y sin consultar al Ministerio de Salud, que desde el 12 de marzo era autoridad de aplicación del decreto que establecía la emergencia sanitaria y que había decidido hasta esa fecha centralizar los estudios de Covid-19 en el Instituto Malbrán.

Fuentes de Salud aseguraron a Tiempo que la ANMAT incautó los reactivos para su distribución en laboratorios públicos, como parte del proceso de descentralización de estudios. Desde el laboratorio, en cambio, señalaron a este diario que se trató de una “donación” de la multinacional como “muestra de colaboración con el Ministerio de Salud”.