El gobierno desafía a la oposición con un ajuste tributario «a la carta»

A última hora del viernes, el Palacio de Hacienda giró al Congreso de la Nación la propuesta de Presupuesto 2024 que no se pondrá en consideración de los legisladores hasta tanto no culmine el proceso electoral.

La decisión de postergar su tratamiento resultó del pedido de Javier Milei que reclamó evitar una ley de leyes que condicione al próximo gobierno sin que se conozca aún qué orientación política tendrá. Ante ese reclamo, el oficialismo optó por una estrategia que implica «hacer del defecto una virtud».

Al presentar el proyecto y, a la vez, postergar su tratamiento, trasladará al debate electoral el camino del ajuste fiscal para cumplir con la meta de déficit del 0,9% del PBI que exige el FMI.

Una hoja de ruta «a la carta»

Por eso el mensaje que acompaña al proyecto pone a consideración del Congreso la posibilidad legislar en función de un ajuste sobre determinadas partidas que conforman el denominado «gasto tributario» y que, aseguran, harían «posible diseñar un escenario fiscal que exhiba un resultado primario superavitario del orden de 1% del PBI».

Se trata de aquellos fondos fiscales que el Estado deja de recaudar como resultado de exenciones en determinados impuestos para grupos de personas o empresas o de regímenes de promoción económica a determinados sectores que implican prerrogativas en el pago del IVA, el impuesto a las ganancias, impuestos a las importaciones o contribuciones patronales. Entre otras, están dirigidas a la industria de Tierra del Fuego, la actividad minera, el sector científico y tecnológico, las pymes, la industria naval y la economía del conocimiento.

Todos los gastos tributarios están señalados en una «separata» que acompaña al Mensaje. Allí esos beneficios están calculados, junto «con otros beneficios impositivos de impacto presupuestario», en un equivalencia de poco más del 4,7% del PBI proyectado para 2024, unos 16,7 billones de pesos.

La letra del presupuesto, además, omite la merma, calculada en 1,4 billones anuales, en la recaudación por el impuesto a las ganancias que se deriva del decreto 437/23 que, a la vez, el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, anunció que buscará transformar en una ley. Tampoco contempla el impacto fiscal de la devolución del IVA para asalariados y monotributistas que entra en vigor mañana.

Sector por sector

En la «separata», por ejemplo, destacan los $ 566.877 millones (0,16% del PBI) que el Estado dejará de recaudar si el Congreso decide mantener la exención en el pago de ganancias a los magistrados del poder judicial nacional y provinciales o los regímenes de reducción de contribuciones patronales orientados a inducir la contratación de nuevos trabajadores que afectan la recaudación en casi $ 267 mil millones (0,08% del PBI).

El texto resalta también los 1,14 billones de pesos con los que se beneficia el parque industrial de Tierra del Fuego a partir de la liberación del IVA para sus compras y ventas, las exenciones en el impuesto a las ganancias y los derechos de importación así como la reducción de la alícuota para impuestos internos de productos electrónicos. Todo el paquete equivale al 0,33% del PBI proyectado.

Los beneficios estipulados en la Ley 27.264 de fortalecimiento de las pymes absorben el equivalente al 0,15% del PBI y también son exhibidos en la «separata» al igual que la eximición del impuesto de bienes personales para los depósitos en entidades financieras que involucrarán un gasto tributario de poco más de $ 92 mil millones equivalentes al 0,03% del PBI.

La lista no se agota en los beneficios mencionados e incluye, también, las exenciones al impuesto a las ganancias del que gozan asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, por un monto de $ 385 mil millones (0,11% del PBI) rubro dentro del cual conviven humildes cooperativas de trabajo con entidades bancarias y aseguradoras de gran facturación.

El Palacio de Hacienda también puso sobre la mesa la exención en bienes personales que rige sobre los inmuebles rurales que equivale al 0,48% del PBI, unos 1,6 billones de pesos.

Así las cosas, detrás de la presentación del Presupuesto el gobierno busca promover una acelerada discusión sobre el contenido de una eventual reforma tributaria que, de cualquier modo, no encaró en los últimos cuatro años de gestión ni en los doce años en los que gobernó el kirchnerismo. La estructura del gasto tributario vigente se mantiene desde entonces con pequeñas variaciones.

Lo único que la propuesta de presupuesto no sugiere poner en discusión es la meta de déficit fiscal del 0,9% del PBI pautada con el FMI. «