El Gobierno español indultará a los líderes separatistas catalanes que están encarcelados

Lo anunció el presidente Pedro Sánchez en Barcelona. Recibieron penas de entre nueve y 13 años de cárcel en octubre de 2019.

El Gobierno español indultará mañana martes a los nueve líderes separatistas catalanes que fueron encarcelados por el intento de secesión de 2017, anunció hoy en Barcelona, la capital de Cataluña, el presidente Pedro Sánchez, que dijo que tomó la decisión en nombre de la «reconciliación» y la «convivencia».

«Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados», que recibieron penas de entre nueve y 13 años de cárcel en octubre de 2019 y en unos días se verán libres, dijo Sánchez en un teatro de Barcelona.

La razón fundamental de los indultos «es su utilidad para la convivencia», argumentó en su discurso el líder socialista, en medio de los gritos de algunos presentes en la sala, que exigían una amnistía.

«Si hay un momento para unirnos es este. Estamos donde estamos. Tenemos que arrancar el camino para recuperar la convivencia. Con este acto sacamos de la cárcel a nueve personas, pero sumamos a millones de personas para la convivencia», dijo el mandatario.

Explicó que aun comprendiendo los motivos del rechazo a la medida por parte del separatismo más reacio y la oposición de derecha, su Gobierno optó con esta decisión por abrir paso a la reconciliación y al reencuentro, informó la agencia de noticias AFP.

Frente al teatro, cientos de manifestantes independentistas protestaron para exigir una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos por los líderes separatistas, y que para el Gobierno español no tiene cabida en un régimen democrático.

El líder del derechista Partido Popular (PP), Pablo Casado, en tanto, cargó contra los indultos, y dijo que Sánchez pretende «asentar la impunidad modificando el delito a la carta del delito de sedición para los que no han sido juzgados».

Casado aludía a Carles Puigdemont, quien fue presidente del Gobierno catalán durante el frustrado intento independentista de 2017, y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España y que gozan de inmunidad parlamentaria.

Cataluña, una región de 7,7 millones de habitantes, se vio sacudida en 2017 por la crisis política más grave vivida en España en cuatro décadas. Pese a la prohibición de la justicia, el Gobierno regional presidido entonces por Puigdemont organizó un referendo de autodeterminación, marcado por unas escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo.

A las pocas semanas, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia de la región, provocando la reacción inmediata del Gobierno español, presidido entonces por el conservador Mariano Rajoy, que destituyó al Ejecutivo regional y puso bajo tutela a esta comunidad autónoma.

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó a nueve líderes separatistas a penas de cárcel de entre nueve y 13 años, una sentencia que desató manifestaciones masivas en Cataluña, algunas de ellas violentas.

La derecha y la extrema derecha concentraron en Madrid a decenas de miles de personas el 13 de junio contra estos indultos

Rechazado por el Tribunal Supremo que los condenó, el indulto a los independentistas no cuenta con un apoyo mayoritario: según un sondeo de Ipsos, el 53% de la ciudadanía española se opone, aunque el 68% de los catalanes sí ve bien las medidas de gracia.

La derecha y la extrema derecha concentraron en Madrid a decenas de miles de personas el 13 de junio contra estos indultos únicamente motivados, según ellos, por el afán de Sánchez de mantenerse en el poder.

El Gobierno minoritario del mandatario depende de conservar el apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.

Una esforzada campaña del Gobierno dio sus frutos, y en la última semana recibió el apoyo a los perdones de la patronal, tradicionalmente reacia al independentismo, así como de los obispos catalanes. Los indultos llegarán aprovechando la salida de la pandemia y que las próximas elecciones nacionales, previstas como muy tarde para enero de 2024, están suficientemente lejos.

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