El gobierno frena el tratamiento de la Ley de Patentes para «renegociar» con EE UU y se abre un interna con Sturzenegger

La firma del acuerdo de libre comercio que Javier Milei cerró con Donald Trump sigue dando tela para cortar. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para discutir el Tratado de Patentes en el recinto, la gestión libertaria paralizó el tratamiento del proyecto para guardarse una importante moneda de negociación con la gestión del magnate estadounidense.

Pese a la vigencia de todas las exigencias que llegan desde el norte, en el gobierno reconocen que por el momento no avanzarán con el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La decisión, según confiaron desde el seno del oficialismo a este diario, descansa en una jugada estratégica que le permita al gobierno nacional tener mayor cintura a la hora de sentarse a dialogar con los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias para cumplir con el acuerdo firmado en febrero de este año, pese a no estar cumpliendo con parte de lo cometido.

Luego del estrambótico anuncio que hizo el presidente estadounidense sobre la aplicación de aranceles a productos extranjeros, la Corte Suprema de EE UU anuló con un fallo de mayoría la decisión unilateral del republicano. Entre los argumentos que expuso el máximo tribunal advierten que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso y no al poder Ejecutivo. Esta resolución, en tanto, obligó al estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores que fueron perjudicados.

Con esta circunstancia, pese a la aceitada relación que supieron cultivar ambas gestiones, desde el gobierno argentino cedieron ante las presiones internas para introducir modificaciones al Patent Cooperation Treaty (PCT), que entre sus condiciones impone la vigencia por veinte años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese tiempo, otras empresas pueden producir el producto con algunas modificaciones leves, instancia que pone en extrema vulnerabilidad a los laboratorios nacionales ante la posible expansión del monopolio de grandes firmas internacionales. La queja de los principales referentes de las farmacéuticas no tardó en escalar y los planes del gobierno no marcharon acorde a lo esperado.

Dos semanas atrás, el secretario de Modernización, Alejandro Cacace, viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista. Durante los encuentros, que tuvieron lugar en el mismo momento que el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantenía su propia agenda en el Departamento de Estado, el ex diputado radical les hizo saber a los interlocutores la imposibilidad de alcanzar el apoyo político necesario para la aprobación sin reservas del tratado. “Ellos intentaron insistir para que el proyecto saliera sin reservas, pero entendieron que era esto o nada”, expusieron desde la gestión libertaria.

Días antes del viaje, Cacace mantuvo dos encuentros que fueron suficientes para hacer cambiar el rumbo intempestivo del gobierno. En una reunión privada, los titulares de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtieron sobre la cruz que significaría la aprobación del acuerdo con la inclusión del Capítulo II del mismo, que habilita la realización de un examen preliminar internacional que formula una opinión no vinculante sobre la invención reivindicada, la actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial, instancia no aceptada por los laboratorios nacionales. 

Desde hace meses, las compañías ejercen una fuerte presión en diferentes escalafones para evitar el tratamiento legislativo del proyecto. Según pudo saber este medio, gobernadores, legisladores y dirigentes políticos recibieron varios llamados por parte de referentes del sector para solicitar su colaboración para frenar la discusión en el Congreso, instancia que tuvo éxito a medias. A inicios de abril, la insistencia de la industria había logrado posponer el debate en comisión, que finalmente se llevó adelante el pasado 12 de mayo con un escenario favorable, puesto que el dictamen de mayoría habilitó dejar en reserva el fatídico capítulo.

“La voluntad del gobierno siempre fue mantener todas las condiciones del acuerdo que firmamos con Estados Unidos, pero también entendíamos que era necesario hacer una ley amena para las partes afectadas por este tratado. Escuchamos a todos y salió un texto razonable”, dijo a este diario un funcionario al tanto del proceso de negociación en el que también tuvo injerencia el Ministerio de Salud, comandado por Mario Lugones, hombre de estrechos vínculos con el empresariado sanitario.

Según pudo reconstruir Tiempo, la jugada no cayó en gracia entre los interlocutores estadounidenses ni en un sector del propio oficialismo. La gestión trumpista hizo saber su malestar por la decisión del gobierno de habilitar un cambio en la implementación del acuerdo firmado a inicios de año, aunque el guiño de Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de habilitar nuevas patentes colaboró para ablandar el frío corazón de los ambiciosos funcionarios anglosajones. Diez mil kilómetros al sur, sin embargo, la situación no estaría siendo tan amena.

Fuentes al tanto de los movimientos dentro el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo del resiliente Federico Sturzzeneger, dejaron trascender sobre el supuesto enojo del ex funcionario del ministro frente a la condescendencia de Cacace a la hora de negociar la aprobación del acuerdo en Diputados. Según comentaron varias fuentes a este diario, Sturzzeneger manifestó su descontento a su segundo, quien explicó puertas adentro que el pragmatismo era la única manera de conseguir la aprobación del proyecto.

Pese a las versiones, desde el Ministerio niegan las tensiones y advierten que el ministro y su secretario “están totalmente alineados.” Esta tarde ambos se sumaron al montaje de hiperactividad que insiste en mostrar el jefe de gabinete, Manuel Adorni, con quien se reunieron en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada para mantener una nueva “reunión de trabajo».

Como sea, lo cierto es que por el momento el Congreso no tiene fecha para tratar el proyecto exigido por Estados Unidos y no habrá mayores novedades sobre el tema hasta que las negociaciones con el gobierno de Trump lleguen a buen puerto. En este marco, no se descarta que se reabran las discusiones por nuevas concesiones que le permitan al país tener mayores beneficios frente al incumplimiento que la gestión republicana está teniendo en materia arancelaria.