El gobierno había pedido autorización al Congreso para simular un rescate de un submarino hundido

En julio, ingresó al Senado una solicitud de permiso para realizar un ejercicio en conjunto con Brasil. Argentina debía aportar un submarino similar al ARA San Juan.

Hace cuatro meses, el gobierno pidió autorización al Congreso para realizar un ejercicio en conjunto entre la Armada nacional y la Marina de Brasil que consistía en «la simulación de una emergencia de un submarino posado en el fondo del mar» e «imposibilitado de salir a la superficie».

El dato fue revelado por el sitio El Destape, que da cuenta del contenido de un anexo del extenso proyecto remitido el 25 de julio pasado a la Cámara Alta con las firmas de el ministro de Defensa Oscar Aguad, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el canciller Jorge Faurie y el presidente Mauricio Macri.

En el documento, el Ejecutivo solicita permiso especial al Congreso para realizar un «ejercicio combinado de adiestramiento en el mar, junto a la marina de la República Federativa de Brasil», para el cual se utilizaría un submarino «tipo ARA Santa Cruz», similar del ARA San Juan, actualmente desaparecido con 44 tripulantes a bordo.

Según se detalla en el proyecto, el lugar del ejercicio sería en «aguas de la zona económica exclusiva de la República de Brasil o aguas de la zona económica exclusiva de la República Argentina». El ejercicio, según se explica en el documento, consistía en simular la emergencia de un submarino posado en el fondo del mar, imposibilitado de salir a superficie: «Debe ser buscado, localizado y auxiliado por el resto de las unidades navales participantes», detalla, y estipula que la duración del ejercicio sería de entre 7 y 14 días.

En el mismo pedido, la Armada solicitaba emplear además un buque de salvamiento de submarino, y buzos para la evacuación del personal de la nave. «El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la Armada Argentina y era de $2.043.144», se especificó. La iniciativa del Gobierno fue aprobada por la Cámara Alta el 23 de agosto, pero su aprobación definitiva naufragó en la Cámara de Diputados: la sesión en la que se debía tratar fue suspendida por un escándalo protagonizado entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

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