La norma sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández obtuvo 64 votos a favor y sólo 3 en contra en el Senado. En la Cámara Baja el resultado fue similar. Qué harán los actuales aliados de LLA en aquel momento apoyaron la iniciativa.

El texto ya tiene giro a las comisiones de Salud e Industria. La primera está presidida por la senadora Ivanna Marcela Arrascaeta, perteneciente al partido La Libertad Avanza, mientras que la segunda está a cargo del senador Marcelo Néstor Lewandowski, de la fuerza Unión por la Patria (Bloque Justicialista). Si bien aún no hay fecha de tratamiento, la oposición cuestiona la propuesta. “No podemos estar a favor porque destruye una ley por la que se trabajó mucho y logró amplio consenso”, sostienen desde el bloque Justicialista.
La normativa se diseñó para regular a la industria alimenticia con el fin de abordar la salud desde la prevención. Por esta razón, brinda el derecho a los consumidores a la información a través de la utilización de octógonos negros sobre productos que contienen altos niveles de grasas, sodio y azúcares, componentes que en exceso no son recomendados por la comunidad médica. En Argentina, las estadísticas señalan que 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso y más del 40% de los niños y adolescentes sufren esta problemática.
Sin embargo, para la Casa Rosada, el sistema actual de octógonos negros genera confusión en los consumidores, añade costos desproporcionados a la industria y traba el comercio internacional, especialmente dentro del Mercosur. Por eso, en este último punto, plantea reemplazarla por un sistema unificado a nivel regional.
Entre los argumentos que utiliza el Poder Ejecutivo en el proyecto, se critica la metodología mediante el sistema de octógonos, ya que utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicados de manera uniforme a alimentos muy diferentes entre sí. Además, afirma que el esquema puede inducir “interpretaciones simplificadas” sobre la calidad nutricional de los alimentos.
Entre los fundamentos, el gobierno de Milei sostiene que se distorsiona la información y se produce saturación. En ese sentido, señala que aproximadamente el 85% de los productos en góndola contienen al menos un sello negro, por lo que la advertencia se vuelve «parte del paisaje» y pierde su efecto.
Por otro lado, la administración cuestiona las prohibiciones vigentes sobre la publicidad infantil, el uso de personajes en los paquetes y las limitaciones de venta en entornos escolares por considerarlas «limitaciones que impactan sobre actividades económicas lícitas y estrategias de marketing”.
En ese sentido, el ex diputado nacional Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, criticó la iniciativa en declaraciones radiales. Como figura clave en la discusión de la ley, expresó: “Si piensa el gobierno que con un superhéroe o la cara de Messi va a incentivar el consumo, está equivocado. Porque la caída tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo o, en el mejor de los casos, porque la gente se vuelca a productos más sanos”.
Finalmente, el Ejecutivo aclaró que la eliminación de los octógonos no dejará los productos sin datos. Se mantendrá la obligación de exhibir la tabla nutricional tradicional y el listado de ingredientes al dorso, bajo las exigencias del Código Alimentario Argentino.
Desde Unión por la Patria, salió al cruce este miércoles el diputado tucumano Pablo Raúl Yedlin, quien en su cuenta de X señaló que derogar la ley “no es defender la libertad”. El diputado sostuvo que “hace tres doritos el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., hablaban de prevención, alimentación saludable, ‘comida real’ y de cuidar a la gente frente a los ultraprocesados”.
“Ahora, el gobierno quiere directamente derogar la Ley de Etiquetado Frontal, que simplemente le dice al consumidor si un producto tiene exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías. ¿En qué quedamos?”, manifestó Yedlin.
En ese sentido, agregó: “El octógono no prohíbe comprar. No clausura empresas. No le saca a nadie la posibilidad de consumir lo que quiera. Sólo informa y, además, funciona. Justamente por eso molesta: porque un consumidor informado es menos manipulable”.
Pese a la fuerte presión que ejerció la industria láctea e incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos en contra de la ley, el Congreso logró aprobar el proyecto en el Senado el 29 de octubre de 2020 con 64 votos a favor —en su mayoría del Frente de Todos y la Izquierda— y 3 en contra. Entre los votos positivos estaban los de la senadora Pamela Fernanda Verasay (de la Unión Cívica Radical, hoy aliada al gobierno) y los de la ahora libertaria Laura Rodríguez Machado, quien en ese momento formaba parte de la fuerza Propuesta Republicana (PRO).
En tanto, en la Cámara de Diputados se sancionó un año después con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Los votos negativos en general fueron bajo el argumento de que la norma atentaba contra las economías regionales. En su mayoría correspondieron a diputados del PRO que conformaban en aquel momento el bloque Juntos por el Cambio. Mientras que las abstenciones también provinieron de los partidos entonces opositores (PRO, la Coalición Cívica y la UCR, entre ellos el actual senador Alfredo Cornejo). En tanto, se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación.
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