Movimientos sociales de América Latina denuncian que el despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití “es un eufemismo que busca ocultar la ocupación ilegal y violatoria del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano”.

«Acojo con satisfacción la votación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad», expresó Henry en su cuenta de la red social X.
«Me gustaría agradecer particularmente al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como a los Gobiernos estadounidense y ecuatoriano por redactar el texto de la resolución y votarla», agregó el mandatario.
Mientras tanto, organizaciones populares de América Latina repudiaron la decisión. La articulación continental ALBA Movimientos alertó: “Rechazamos contundentemente este nuevo intento injerencista comandado por Estados Unidos, Kenia y otros países que descaradamente se creen con el derecho de decidir sobre un pueblo que lleva exigiendo durante décadas, el respeto a su territorio y sus decisiones soberanas”.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que esta misión «fundamental» creará las «condiciones de seguridad necesarias para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo» de Haití.
«Aunque esta acción representa un progreso importante, Estados Unidos renueva su llamamiento urgente a los actores políticos, incluido el primer ministro Henry y los miembros de la oposición, para que amplíen el consenso y restauren el orden democrático», agregó Blinken en un comunicado.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, cuyo país encabezará la fuerza, agradeció la decisión del Consejo y pidió una misión «eficaz» para llevar no solo paz y seguridad, sino para reconstruir el país.
«Este mandato no se trata sólo de paz y seguridad, sino también de la reconstrucción de Haití: su política, su desarrollo económico y su estabilidad social. Es el comienzo de un nuevo capítulo para los padres, madres y niños de Haití. Es para la posteridad de Haití y una fuerza para el bien de la paz y la seguridad globales», afirmó Mutua en redes sociales.
Además, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aplaudió la resolución por considerarla un avance «significativo» para la pacificación del país.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil subrayó su intención de seguir apoyando a Haití, tal como hizo en las negociaciones para aprobar la misión y llamó a la comunidad internacional intensificar su ayuda al país.
Amnistía Internacional (AI) se incorporó al debate y le pidió al Consejo de Seguridad que el despliegue de la misión multinacional incluya parámetros de protección de los derechos humanos.
«Unos parámetros claros, obligatorios y aplicables deben detallar las medidas operativas de supervisión que impidan el uso ilegal de la fuerza, las negligencias que causen daños a la población local y otros abusos antes del despliegue», afirmó el director para Kenia de la organización defensora de derechos humanos, Irungu Houghton, en un comunicado.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes el envío de una fuerza internacional de seguridad a Haití en una decisión calificada de histórica y solicitada por el propio Gobierno haitiano para frenar la violencia de las bandas criminales.
Según los datos de la ONU, más de 3.000 personas fueron asesinadas en Haití en lo que va del año y hay más de 1.500 casos de secuestro por rescate.
Las fuerzas, que no serán formalmente una misión de la ONU, ayudarán a garantizar el acceso sin restricciones y con seguridad a la ayuda humanitaria que necesitan millones de haitianos. Tendrá una vigencia de doce meses, aunque no se ha fijado por el momento la fecha de inicio del despliegue.
La ONU recordó que más de 3.000 personas han sido asesinadas en Haití en lo que va del año y hay más de 1.500 casos de secuestro por rescate.
Unas 200.000 personas huyeron de sus hogares y las agresiones sexuales a mujeres y niñas a manos de grupos armados continúan aumentando. Decenas de miles de menores no pueden acudir a la escuela.
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