Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el traspaso de la principal empresa estatal de agua potable del país al sector privado. El plan prevé vender el 90 % de las acciones en ocho meses y habilita los cortes de servicio por falta de pago.
Tras la autorización gubernamental de avanzar con una privatización total de la compañía, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social.
La normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.
Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que «se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.
Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.
Asimismo, Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a “elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual, del proceso de privatización de AySA, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
En este aspecto, aclaró que la citada área “podrá solicitar la colaboración técnica y operativa de la sociedad” y determinó que también deberá “articular las acciones necesarias” para garantizar que el proceso privatizador no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.
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