El gobierno intenta presionar a la oposición con la creación de una fiscalía anticorrupción que ya existe

Tras el paro y la movilización el gobierno intenta presionar a los gobernadores, aunque fue con el anuncio de un organismo fiscal que ya existe. El pronunciamiento lo hizo el vocero Manuel Adorni cuando se resquebraja el vínculo entre los funcionarios del gobierno que negocian con diputados y mandatarios provinciales para evitar que naufrague la ley ómnibus: el vocero anunció que el Ejecutivo le propondrá al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la “creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos”.

“La fiscalía es un mensaje para los gobernadores, de que el déficit cero es el objetivo. Se va a investigar a todos para que lo robado sea devuelto. Fue idea del presidente” confió a Tiempo una fuente cercana a las negociaciones con despacho en la planta baja de la Casa Rosada. Aunque Adorni no lo explicitó de esa manera, fue sugestiva la forma en que describió los alcances de esa propuesta: dijo que esa fiscalía investigará “a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”.

Rápidamente en las redes sociales, Manuel Garrido, quien fue fiscal anticorrupción, salió a advertir que esa procuración ya existe desde 1960, y es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Esta estrategia -una de las que despliega el gobierno que tiene distintas líneas de negociación abiertas- va en línea con la fuerte embestida lanzada el miércoles a través de las redes sociales por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo contra los mandatarios provinciales. La amenaza de seguir ajustando el gasto público restringiendo inclusive los ATN, parece una apuesta a todo o nada de un sector del gobierno que aparece rezagado en la mesa de negociaciones.

La fuente advirtió que Milei está dispuesto a “socializar” el debate de la ley para echarle la culpa a los gobernadores en caso de que fracase en el Congreso. Esta posición va en línea con la vieja idea del presidente de convocar a un plebiscito en torno a las leyes que aspira a obtener, lo que sugiere que para un sector del gobierno el camino es sin retorno. “Ir por las buenas con algunos sectores no da buen resultado”, señaló.

Estas advertencias se producen mientras se busca retomar el diálogo con los gobernadores y bancadas legislativas para destrabar la ley, empantanada tras las irregularidades que se produjeron respecto al dictamen de comisión denunciadas por algunos firmantes que recibieron un texto distinto del que había sido presuntamente acordado. Intentan convencerlos de que la convicción del gobierno es bajar impuestos, y que las subas propuestas serán temporales, pero esa línea no estaría dando resultado.

(Noticia en construcción)