Forzó la salida de los jueces Farah y Ballesteros, presionados tras el fallo que liberó a Cristóbal López. Solo quedaron Bruglia, colocado allí por el oficialismo, e Irurzun.
Y ya está. El gobierno se habrá sacado de encima a uno de los jueces a los que no quiere en los tribunales federales de Comodoro Py. El otro, Jorge Ballestero, ya no está: desde hoy está con una licencia médica por severos problemas cardíacos y si bien en principio solicitó sólo 20 días, todo parece indicar que se extenderá hasta su jubilación, tal vez antes de fin de año.
Y ya está. También está afuera otro de los jueces a los que el gobierno cuestionó públicamente, incluso deslizando desde sus voceras satélites (la diputada oficialista Elisa Carrió) que cobraron coimas para excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
De esta manera, los únicos integrante de la Cámara Federal, por donde pasarán los funcionarios del anterior gobierno investigados por casos de supuesta corrupción, son Leopoldo Bruglia, trasladado por decreto del gobierno nacional, que es titular de la Sala I y subroga la Sala II, y Martín Irurzun, titular en la II y subrogante en la I, por lo que para resolver deberán estar de acuerdo.
El gobierno quiere a López y De Sousa presos y, de hecho, ya articuló un mecanismo para conseguir que vuelvan a prisión: el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Plée, sindicado como el futuro verdadero poder en la Procuración General de la Nación y viejo conocido de Macri desde los tiempos en que presidía Boca Juniors, pedirá sus detenciones nuevamente.
Desde que fueron excarcelados por Farah y Ballestero, ni López, ni De Sousa se profugaron o entorpecieron la investigación. Es decir que no hay riesgos procesales, pero aún así hay una alta posibilidad de que vuelvan a la cárcel. Los jueces que los excarcelaron ya están afuera del horizonte judicial, empujados por la estrategia oficial para colonizar la justicia penal federal porteña.
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