El gobierno modificaría el mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia

El Gobierno nacional avanzaría, en las próximas horas, con un decreto que, según ellos, busca flexibilizar el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, según difundieron la agencia Noticias Argentinas y diversos medios en base a fuentes oficiales.

Desde Casa Rosada, sostienen que el objetivo central será “hacer más transparente” el proceso por el cual son propuestos y designados los ministros del tribunal supremo (que actualmente está compuesto por solo tres miembros, sobre un total de cinco) y pretende evitar la duplicación de instancias administrativas.

Asimismo, aclararon que las modificaciones estarían vinculadas con la eliminación de una serie de recomendaciones que tiene el Presidente de la Nación entorno a especialidad, género y procedencia regional de los posibles candidatos.

¿Menos control ciudadano?

Uno de los principales puntos que cambiará con esta iniciativa será respecto a la supresión de impugnaciones, debido a que finalizará la etapa donde ciudadanos, ONGs y colegios profesionales podían presentar observaciones sobre un candidato, ante el Ministerio de Justicia.
Por otro lado, con estas modificaciones, se deroga la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes en diarios de circulación nacional; la difusión de las candidaturas queda limitada a la web oficial de la cartera comandada por Juan Bautista Mahiques.

También, se establecerán controles patrimoniales y fiscales con un plazo de cinco días para presentar las declaraciones juradas de bienes y se fijarán tiempos límite para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de todos los candidatos.

Por último, se eliminarán las recomendaciones previas para que el Poder Ejecutivo de la Nación contemple la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer a los candidatos.

Esta normativa modificaría el decreto 222/2003, que dictó el ex presidente Néstor Kirchner, y que se denominó de «autolimitación presidencial». Hasta el momento, el procedimiento constitucional en el Senado de la Nación, que requiere dos tercios de los votos, se mantiene sin cambios. La medida entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.

Primeras críticas

Vía X, representantes de los poderes legislativo y judicial ya comenzaron a difundir sus primeras críticas. Por ejemplo, la abogada Jimena de la Torre, Consejera de la Magistratura de la Nación (es una de las representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura), manifestó: “No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas.El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte”.

Por su parte, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio (Alianza Unión por la Patria) preguntó: “¿No quieren también que el Senado vote a las 4 de la mañana, en sesión secreta y con la luz apagada para que nadie se entere a quién pusieron como jueces de la nación?”.

“Más oscuridad, menos control del congreso y nula participación del pueblo no se puede. Si la CSJN permite esta decisión convierte en cómplice el poder judicial, aunque no sería novedad. Al final, lo primero es la familia!!!!”, acusó.

Con información de NA.