Lo hizo a través de un decreto. Será de un 1% de la totalidad de los cargos y contratos del Estado nacional. “Se trata de un hecho histórico para garantizar igualdad de oportunidades”, señaló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Se trata del decreto 721, que también crea una Unidad de Coordinación Interministerial a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que buscará garantizar el cumplimiento efectivo y la permanencia en los trabajos de las personas trans.
El decreto estipula que para asegurar el cumplimiento del Cupo Laboral Trans se hará una reserva de puestos de trabajo, en cualquiera de las modalidades de contratación, que podrán ser alcanzados por personas travestis y trans, sin importar si realizaron o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI.
Por otra parte, para garantizar la igualdad real de oportunidades, la normativa establece mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos que los tengan incompletos, de modo de cumplir con la normativa vigente en el empleo público en materia de formación educativa obligatoria.
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Por último, establece que el Ministerio de las Mujeres y el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitarán a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.
“Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez. Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El Cupo Laboral Trans es un paso importante en ese camino”, sostuvo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien consideró el cupo como “un hecho histórico para garantizar igualdad de oportunidades”.
Destacó que el promedio de edad de las personas travestis, transexuales y transgénero es de apenas 41 años y que históricamente fueron criminalizadas por códigos contravencionales y de faltas y siguen en muchos casos siendo víctimas de violencia institucional. “A esto hay que sumar la expulsión histórica en los ámbitos educativos, la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Por eso, esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans, atiende particularmente esta cadena de exclusiones”, agregó.
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