El gobierno nacional escala el ataque a la ex ESMA y festeja su desfinanciamiento 

El martes pasado, el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, una representante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dos integrantes del Directorio de Organismos de Derechos Humanos que gestionan en conjunto el Espacio Memoria Ex ESMA, avanzaron hacia un mecanismo para destrabar el conflicto iniciado por el gobierno y que había derivado en el congelamiento de las transferencias de dinero que permiten hacer funcionar el predio donde existió un centro clandestino de detención, y que mayoritariamente corresponden al pago de salarios de los trabajadores. 

Sin embargo, sin previo aviso, este jueves el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona redobló su ataque a la ex ESMA y en sus redes y las de la cartera anunció que decidió “cortar con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastó más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados”. 

A través de medios oficialistas, el ministro aseguró también que destinaba “una fortuna” en el predio y que esos fondos se utilizaban “sin control”.  

Desde el directorio de organismos de Derechos Humanos decidieron salir a contestar este ataque directo que recibieron por parte de la gestión libertaria. “Nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las partes integrantes, que incluyen a la Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación Alberto Baños”, explicaron en un comunicado. 

Además, señalaron que los fondos suspendidos momentáneamente por decisión del Ministerio “corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal”, manifestaron.

El ataque a la ex ESMA comenzó la semana pasada, cuando el miércoles 26 de marzo, apenas dos días después del Día de la Memoria, el Ministerio de Justicia ordenó frenar todas las transferencias de dinero por 60 días, hasta que se termine de realizar una supuesta auditoría contable y judicial.

El congelamiento de los fondos paraliza directamente el funcionamiento del Espacio:: desde el mantenimiento, protección y preservación de los edificios, compras y contrataciones, pago de servicios, hasta la seguridad y las actividades que allí se organizan, como visitas guiadas y programas educativos.

Se trata de una decisión completamente ilegal, ya que las partidas presupuestarias al Ente están garantizadas por la propia ley que lo creó en 2007, la 26.415, que asigna transferencias específicas por parte del Tesoro Nacional, en las que el Ministerio de Justicia funciona sólo como intermediario. Todas las resoluciones presupuestarias anteriores durante 2024 se tramitaron sin ningún inconveniente y contaron con la firma del secretario Baños.