«El gobierno nos declaró la guerra a través del programa de Lanata»

Alejandro Villarruel jamás pensó que al abrir la puerta de su casa encontraría a dos policías con la misión de entregarla una notificación judicial. Era sábado y era enero. El documento le informaba que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI 16 de La Plata, lo había procesado, en plena feria, por «intimidación pública e incitación a la violencia», a raíz de un informe periodístico que mostraba al acusado hablando en una asamblea durante el conflicto del Astillero Río Santiago, en mayo pasado.

“Es terrible –le cuenta a Tiempo Villarruel– que te despierten para avisarte que un fiscal te imputa por decir algo en una asamblea de trabajadores. Eso debería ser un derecho, no un delito, sino dónde hablamos los que trabajamos cuando peligra el trabajo, el salario, las condiciones dignas. Que pase algo así te da mucho miedo”.

Fue al comienzo de la lucha, exactamente el 10 de mayo de 2018. Los trabajadores de Astilleros Río Santiago se estaban movilizando en demanda de insumos para la terminación de varias obras en ejecución. Durante una asamblea ordinaria convocada por ATE Ensenada, y que contó con más de 40 oradores, Villarruel, que tiene 50 años y es el balancero naval de la Sección Almacenes Generales de la División Expedición de Materiales, pidió la palabra.

“Nosotros discutíamos cómo hacer para que el gobierno nos dé el dinero para la construcción de los buques Eva perón y Juana Azurduy, y nos liberara las cajas de crédito del Banco Provincia para terminar otras embarcaciones. Lo que hice fue opinar, como lo hicieron todos los oradores, sobre cómo defendernos porque veíamos con claridad que nos querían vaciar, que los insumos no llegaban, que nos querían dinamitar como ellos mismos dijeron (en referencia a una opinión que habría dado el presidente Mauricio Macri durante una reunión con empresarios, sindicatos y representantes de la Mesa de la Pesca). En vez de dialogar, el gobierno nos declaró la guerra a través del programa de Lanata. Editaron 18 segundos de una intervención mía para después pasarlo en el programa, en donde se nos acusó de ser una manga de vagos que cobramos millones, que éramos improductivos”.

En el informe que emitió en julio pasado Periodismo Para Todos (PPT) y en el cual la voz en off de Jorge Lanata pidió prestar atención a la “temeraria arenga de un delegado de ATE”, lo mostró a Villarruel, que no es delegado sino activista de la agrupación Avanzada Obrera, dirigiéndose a sus compañeros y planteando: “Hay que ir por ellos, así como ellos vienen por nosotros. Hay que regalarles al sinvergüenza de Macri y a la Vidal un 2001 para echarlos a la mierda”.

“El informe no dijo nada que eso fue filmado desde el edificio de la dirección de la empresa, que en ese momento estaba intervenida y que tenía servicios de inteligencia y guardaespaldas en todos lados. Filmaron un acto privado, en clara actitud policial, para intimidar nuestro derecho de ejercer la democracia sindical. Es muy grave lo que pasó”, se queja Villarruel.

Quizás arengado por la repercusión del programa, el ex interventor Daniel Capdevilla, luego reemplazado por quien era jefe de la gerencia de Asuntos Jurídicos, Héctor Calvente, denunció a varios trabajadores del Astillero (en total son 12), entre los que se encuentra Villarruel. Sin embargo, ningún fiscal le había dado curso hasta ahora. En agosto, Condomí Alcorta ya había dado muestras de su postura frente al conflicto cuando le solicitó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, “salvaguardar el orden en el Astillero”, lo que generó preocupación entre los empleados ante una posible militarización.

Desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos expresaron “su repudio a las causas armadas contra doce de los trabajadores del Astillero”, en tanto que el “procesamiento del compañero Alejandro Villarruel, por ejercer el sagrado derecho a reclamar lo justo, genera nuestro enérgico rechazo”.

– ¿Qué cree que va a pasar con usted?

– La verdad que al principio lo tomé como un baldazo de agua fría, la imputación no tiene lógica, no se me puede acusar de hablar en una asamblea o dar mi opinión. Me queda esperar que termine la feria y me citen a declarar. Pero lo que más me preocupa es la situación del Astillero. No hubo despidos pero está paralizado, sin proyectos de trabajo. Nos quitaron el ítem de las vacaciones y el premio a la eficiencia, los turnos de la noche están siendo atacados, no hay insumos para los soldadores, todo es un desastre. Lo que pido es que haya reactivación y que no haya más trabajadores procesados porque no es delito luchar por el trabajo y el salario.