Con el argumento de reducir gastos y evitar “duplicidades”, el Gobierno decretó el traspaso de funciones clave a otros organismos. La empresa arrastra una deuda millonaria tras la ruptura de contratos con el Estado y su rol queda limitado a la mera impresión de billetes.
La decisión forma parte de un plan de reorganización impulsado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y se enmarca en las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases N° 27.742.
La medida contempla la transferencia de tres áreas operativas estratégicas: la línea de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y trazabilidad pasará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); el área de producción de pasaportes será asumida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y la denominada “Billetera Virtual” será transferida a la empresa estatal ARSAT.
Según se detalla en el decreto, el objetivo es que Casa de Moneda S.A.U. se concentre exclusivamente en su función principal: la fabricación de dinero circulante, asistencia en procesos de atesoramiento y destrucción de billetes, y producción de impresos para entidades públicas y privadas.
La reconversión responde a un crítico panorama económico-financiero de la empresa, cuya deuda supera los $243.700 millones y mantiene un patrimonio negativo superior a $65.973 millones. La situación se agravó tras la rescisión de contratos con el Banco Central para la producción de billetes —que representaban más del 90% de sus ingresos hasta fines de 2023— y la cancelación de convenios con otras áreas del Estado.
Durante 2023 y 2024, la empresa recibió aportes del Tesoro Nacional por un total de más de $137.000 millones, sin lograr revertir su deterioro estructural.
El Ejecutivo también instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a reasignar o disponer de los inmuebles en desuso de la empresa y autorizó a los organismos receptores a incorporar el personal especializado y los bienes necesarios para garantizar la continuidad operativa de las áreas transferidas.
En paralelo, se modificaron los artículos 1° y 3° de la ley 21.622 y se derogaron otros artículos para adecuar el marco legal a esta nueva etapa.
El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de “evitar duplicidad de funciones y reducir el gasto público” en línea con los principios de eficiencia y racionalidad del Estado.
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