El centro de estudiantes del penal de Ezeiza denuncia el suicidio de Alexa Álvarez Ríos, mujer trans de 29 años. Desde el espacio educativo aseguran que los penitenciarios son responsables por negarle el acceso a la salud mental. Interviene la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
«Alexa estaba mal y todos lo sabían, se podría haber evitado si hubiese recibido ayuda de los profesionales de la salud mental», aseguraron desde el CUE, a Tiempo. Y completaron: «Se encontraba muy deprimida, nosotres sabemos que ella tuvo una vida muy dura y muy sufrida«.
El cuerpo de Alexa fue encontrado sin vida durante la madrugada del pasado 7 de junio en el interior de una celda del pabellón 5, destinado al alojamiento de la comunidad LGBTQ+. La mujer se encontraba atravesando un momento muy complicado y se ahorcó, sus compañeres aseguran; «nunca la atendió un sicólogo».
«Nosotros venimos denunciando hace tiempo que las personas detenidas están muriendo por falta de atención médica y de los profesionales de la salud mental. Estamos hablando de muertes que ocurren bajo custodia del Estado y que podrían evitarse«, enfatizaron.
Los estudiantes denunciaron: «Lo consideramos un genocidio por goteo, algo muy feo que expresa un gran desprecio por la vida humana«.
En este marco, Tiempo se comunicó con Ornella Infante, secretaria general de la Federación Argentina LGBT y militante del Movimiento Evita: «Desde la llegada del gobierno de Javier Milei las medidas restrictivas se intensificaron«, denunció.
También señaló que se derogaron protocolos que se habían elaborado en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), las organizaciones sociales y el ex Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Explicó que de ese modo destruyeron lo que con mucho esfuerzo lograron construir.
Ornella señaló: «Hoy se terminaron los protocolos con orientación LGBT, hoy los traslados -por ejemplo- son impulsivos y el hostigamiento es constante e intensivo. No hay aplicaciones de políticas de género en el penal. Para que no se repita otro caso como el de Alexa hay que seguir capacitando al servicio penitenciario».
«Hace poco hubo violaciones a mujeres detenidas en el penal de Magdalena, con submarino húmedo, son prácticas que se usaban en momentos oscuros de la historia argentina. Los penitenciarios fueron apartados, pero la Justicia no ayuda«, apuntó la secretaria general.
La secretaria general continuó denunciando que el Servicio Penitenciario Federal dificulta la entrada a las organizaciones sociales y las universidades que son las que les brindan un poco de protección a las personas privadas de la libertad.
Infante consideró que el agravamiento que hay con respecto a las torturas es inmensurable. Y terminó señalando un gran retroceso sobre la salud y la educación que para la reinserción social de las personas detenidas es muy importante.
Gabriela Rojas tiene 32 años. Es mujer trans y estuvo detenida 6 años en Ezeiza, donde conoció a Alexia y consideró, «su pérdida es muy lamentable y triste«.
Continuó contando que su caso fue distinto: «Porque siempre tuve el apoyo de mi familia y contaba con otras herramientas personales que me ayudaban a sobrellevar una condena siendo una persona primaria y desconocida de todo este tipo de realidad que se vive estando privada de libertad».
Gabriela siguió relatando que para las personas de su comunidad es muy difícil transitar el contexto de encierro. «Los profesionales a cargo de las distintas áreas no están preparados para trabajar con nosotras, porque no tienen perspectiva de género, que es lo que les dificulta abordar las cuestiones que se tratan en audiencias personales«, explicó.
Y agregó. «Hay que prever este tipo de situaciones lamentables, ya que las personas del colectivo LGBT desde la adolescencia y mucho antes ya empiezan a ser discriminadas. Algo con lo que se lucha constantemente en el penal es por tener un trato digno y que el personal penitenciario respete los derechos a vivir la identidad autopercibida por cada persona«.
También señaló que otro derecho vulnerado, es el derecho a la educación en todos sus niveles. Estando detenida su pilar fundamental para poder incluirse a la sociedad una vez en libertad, fue el Centro Universitario Ezeiza. Allí construyó muchas herramientas y redes de contención con las que continúa en la actualidad.
Gabriela recomendó que el caso de Alexia no debe quedar como un suicidio más: «Sino visibilizar que las personas de la comunidad LGBT necesitamos profesionales capacitados con perspectiva de género para que nos escuchen y acompañen para prevenir en todo momento este tipo de situaciones».
Y terminó remarcando. «Los juzgados deberían pedir informes médicos mensuales de las personas privadas de libertad que tienen a su cargo y así poder conocer las necesidades que se van transitando en el encierro«.
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