El Banco Central le cederá los DEG al Tesoro que, a cambio, le entregará un bono a 10 años. Economía sigue con la negociación de toda la deuda con el FMI.
Para el pago, el gobierno apelará a recursos aportados por el propio FMI: los Derechos Especiales de Giro (DEG) que la entidad asignó de manera extraordinaria entre los países que la integran para dotar de mayor liquidez al sistema en el marco de la pandemia de coronavirus. A la Argentina le tocaron U$S 4.334 millones.
Lo que establece el DNU difundido ayer es que el Banco Central, depositario de esos DEG, los transfiera al Tesoro a cambio de una letra en dólares a diez años. Esos valores «solo podrán aplicarse al pago de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional», establece el artículo cinco del decreto, que también ordena las modificaciones en el Presupuesto 2021 para dejar consignada la entrada y salida de esos recursos.
Como agregado, el pase de manos permitirá al gobierno mostrar una mejor performance fiscal, ya que el dinero ingresado por tal asignación será considerado un ingreso corriente extraordinario. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), «si el gobierno tenía previsto cumplir este año con la pauta presupuestaria de un déficit primario de 4,2% del PBI, la contabilización de los DEG por el equivalente a 1,1% del PBI, le permitiría bajarlo a 3,1% del PBI, siempre y cuando se usen los DEG para generar el ahorro necesario para cumplir con el pago de vencimientos de deuda». El truco es de corto alcance, porque el dinero será de todas maneras transferido, pero el déficit primario (un indicador siempre seguido de cerca por los analistas y que figura en los primeros renglones de la agenda del FMI) será menor.
En rigor, lo que marca el pago de este miércoles es que el país ya ingresó en el derrotero que se quería evitar: una sangría de divisas en momentos en que, según lo dice el propio gobierno, «cada dólar cuenta» para apalancar la inversión y la reactivación económica. La asignación extraordinaria de DEG quedará prácticamente agotada con las dos cuotas de amortización de capital previstas para esta semana y para diciembre, más los intereses trimestrales de noviembre, por cerca de U$S 390 millones. Para los vencimientos de 2022 (unos U$S 19.000 millones por todo concepto) no hay recursos.
Por eso, la renegociación de esa deuda no sólo es el plan A sino el único que tiene el gobierno por estas horas. A tal punto que los fondos para eventuales pagos en el año que viene no fueron contemplados en el Presupuesto presentado esta semana en el Congreso. Según el mensaje con que el Ejecutivo acompañó su remisión, ese proyecto de ley «está pensado para cuidar a Argentina, cuidar su recuperación y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior» (ver aparte).
Como ya adelantó este diario, el acuerdo entre las partes para refinanciar los casi U$S 43 mil millones remanentes depende básicamente de que el FMI elimine las sobretasas de dos puntos anuales que le cobra al país por su elevada exposición crediticia. Esto supondría un ahorro de U$S 900 millones al año. Pero una disposición en ese sentido recién se aprobaría en octubre.
Mientras tanto, en Washington siguieron atentamente la crisis de gabinete que llegó a poner en duda la continuidad de Martín Guzmán al frente de la cartera de Economía. El ministro es el interlocutor natural del Fondo y eso lo ayudó a preservar su puesto. Con su habitual cintura para esquivar temas comprometedores, el veterano Gerry Rice, vocero del FMI, ratificó que las negociaciones continúan pero evitó hablar de la situación política interna. «Seguimos trabajando con las autoridades argentinas, para trabajar en un programa que contribuya a abordar los desequilibrios macroeconómicos frente a los desafíos que enfrentan. Las discusiones técnicas están teniendo su curso y son muy cercanas», dijo Rice.
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