El gobierno porteño debe pagar una multa de $100 mil diarios por violar durante cuatro años un fallo judicial

Por: Martín Suárez

Es por no cumplir la Ley de arbolado público. La sentencia es retroactiva al 25 de abril de este año, por lo que el gobierno de Jorge Macri debe $ 8.900.000.

Son muy pocos los que pueden “darse el gusto” de no cumplir una orden judicial a lo largo del tiempo. La gran mayoría no incurre en ese hecho que pondría en peligro su libertad, en el peor de los casos, o complicaría su situación económica tras percibir una sanción monetaria.

Entre quienes no cumplen con fallos o leyes sancionadas, el Ejecutivo porteño se destaca por encima de otras jurisdicciones o distritos municipales: leyes cajoenadas, normas sin ser reglamentadas y sentencias judiciales que fueron ignoradas.

Foto: Gentileza Basta de mutilar Nuestros Árboles

En los últimos días, el Juzgado N° 13 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo del Dr. Guillermo Martín Scheibler, fijó una multa retroactiva de $100.000 diarios al GCBA a devengarse a partir del 25 de abril pasado y hasta tanto cumpla la Ley de arbolado público, orden estipulada en la sentencia en el expediente “HERAS, Claudia c/GCBA y otros s/Amparo ambiental”, exp. n°4570/2017-0. El fallo que el gobierno porteño viola sistemáticamente fue dictado el 24 de febrero de 2021, es decir, hace cuatro años que las autoridades locales se niegan a cumplirlo.

De esta manera, el GCBA deberá depositar dicho importe diario en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Sucursal Tribunales) a la orden del Juzgado, bajo apercibimiento de ejecución. La sentencia es retroactiva al 25 de abril de este año, razón por la cual, hasta la fecha, el gobierno debe un monto que asciende a $ 8.900.000.

“Vengo insistiendo en que le pongan una multa para ver si se hace efectiva la sentencia. Después de que el juez Scheibler les dio varios plazos consecutivos para que cumplan sin ningún resultado o con resultados parciales, finalmente hizo efectiva la multa de 100.000 pesos diarios”, explicó a este medio la doctora Claudia Heras, abogada que inició y tramitó el amparo contra el GCBA por el incumplir la ley de arbolado.

El fallo ordena a la Ciudad, implementar un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público. Que permita seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares (tal como lo exige el artículo 4º, inciso “g”, de la ley 3263) y posibilite a la ciudadanía controlar y verificar en tiempo real el cumplimiento de las previsiones de los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263.

“La resolución donde resuelve hacerla efectiva es del 18 de julio, es decir, el último día hábil reciente antes de la feria. Otro de los puntos que tiene que cumplir el gobierno de la ciudad es unificar pautas comunes para el cumplimiento de la ley de arbolado y fundamentalmente que organice e implemente un sistema de capacitación y certificación para el personal que gestiona el arbolado urbano, tanto los inspectores como las cuadrillas que contratan las empresas contratistas”, agregó la abogada.

Han transcurrido cuatro años y medio desde la sentencia, durante ese tiempo el GCBA ha interpuesto múltiples recursos de apelación con fines dilatorios y perdió en todos los casos, evidenciando una conducta que podría hacer incurrir a sus funcionarios en el delito de desobediencia, tipificado en el art. 239 del Código Penal.

“Los fallos del Poder Judicial han sido favorables a nuestros árboles. Sólo hace falta dar una vuelta a la manzana para observar la lenta agonía a la que son sometidos por podas reiteradas y sistemáticas. En los pliegos de licitación, la Ciudad promete a las empresas tercerizadas 95 mil podas por año y si sumamos las 5800 extracciones anuales y las talas ilegales en manos de empresas constructoras el panorama es desolador”, señaló a Tiempo María Angélica Di Giácomo, titular de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.

Para la especialista en medio ambiente, tanto el Juez Scheibler como la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC han establecido que en el llamado mantenimiento de arbolado no se cumple la ley 3263.

“Todo este proceso judicial ha dado a nuestra lucha de más de una década el apoyo que nuestros maltratados árboles merecen. Los beneficios ambientales y sanitarios del arbolado los producen las hojas”, agregó Di Giácomo y termina: “Sin un follaje frondoso nos quitan beneficios y por añadidura afectan la sanidad, la nutrición y la expectativa de vida de cada árbol. No podemos hablar de códigos, ni leyes ambientales, sin dar a este tema el papel preponderante que tiene el follaje en la calidad de vida de quienes habitamos y transitamos la ciudad y en la adaptación al cambio climático”.

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