Juan Ferreira trabaja hace más de 15 años en el GCBA. Comenzó como empleado contratado y tras 10 años lo pasaron a planta. Hoy cumple tareas administrativas y es uno de los cientos de miles de estatales porteños que sufrió descuentos injustificados en su salario porque no le reconocieron los días de licencia.

En las últimas semanas el gobierno porteño incrementó los requerimientos para justificar las licencias médicas. De esta manera, varios trabajadores y trabajadoras estatales pueden llegar a recibir salarios con recortes de hasta un 40%.

Durante la gestión de Rodríguez Larreta, el Gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento la plataforma MIA. Una aplicación digital que es la que determina si justifica las licencias médicas o las rechaza. De esta manera, el ejecutivo local, reemplazó la tarea del personal médico por un programa integrado por algoritmos y una importante base de datos.

La Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo (DGAMT) incrementó la cantidad de requerimientos para validar las licencias médicas, descentralizó la atención en 4 sedes que se anexan al funcionamiento del RAWSON (en donde se validarán los cambios de tareas), y retomó la concurrencia del médico laboral a domicilio.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación UTE CTERA, denunciaron varias irregularidades tras los cambios efectuados:

Como la ”citación sin anticipación horaria suficiente para garantizar que los docentes puedan concurrir en tiempo y forma a la validación de su licencia; convocar a docentes que se encuentran cursando diagnósticos que impiden el traslado, con reposo estricto; y rechazos por visitas a domicilio que no fueron fehacientes dado que el docente no abandonó el domicilio declarado, y no advirtió visita de ningún profesional”, entre otras problemáticas.

“Yo estoy cumpliendo cambio de tareas, son tareas administrativas sin tener contactos con alumnos por recomendación psiquiátrica. Mi psiquiatra me mandó siete días de licencia y reposo laboral por reagudización de mi cuadro panicoso con agorafobia, que en simples palabras es el temor a salir de mi hogar e ir los lugares públicos”, señaló a Tiempo María Eugenia, maestra de un Jardín de Infantes Integral (JII) del barrio de Caballito.

La aplicación MIA le indicó que iba a llegarle la respuesta por correo electrónico. La misma llegó a las pocas horas exigiéndole a María Eugenia que concurra al día siguiente al centro médico 4 de Colegiales.

“Yo pensé que me estaban cargando. Estoy paralizada en mi casa por la imposibilidad de salir a lugares públicos, y la plataforma MIA me dice que tengo que concurrir a un lugar público y si no iba mi licencia será injustificada. No pude ir por razones obvias, por lo tanto me descontaron siete días de trabajo”, agregó la docente.

Denuncia de gremios porteños

En 2020, la Asociación de Trabajadores del Estado ATE Capital, realizó una presentación judicial por la aplicación MIA y expresó su rechazo a “la privatización del proceso de gestión de licencias”, al mismo tiempo que denunciaron “una transferencia injustificada de fondos a la compañía International Health Service Argentina S.A. (IHSA), implicando un riesgo para los puestos de trabajo de nuestros/as compañeros/as administrativos que hoy se ocupan de la tramitación de las licencias”.

Mediante un comunicado, el gremio denunció que mediante “el uso irresponsable de la tecnología, el Estado de la Ciudad estaría profundizando la brecha digital existente en la población, sin contemplar desigualdades en los recursos de conectividad y/o alfabetización digital, ni errores por causas no imputables al trabajador/a extravío del dispositivo, falta de conectividad, entre otros factores”.

Por último, destacaron la utilización de datos personales: “Esa gestión de gobierno en forma irresponsable ha omitido información respecto a la privacidad en el uso de los datos personales de trabajadores, máxime teniendo en cuenta que esta plataforma es administrada por una Sociedad Anónima”.