A partir del Decreto 883/23 de Javier Milei, empresas de media y larga distancia dejaron de entregar pasajes gratis a personas con discapacidad. El Ejecutivo tuvo que intervenir, tal como pasó con las prepagas.
La Secretaría de Transporte –dependiente del Ministerio de Economía- informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presentó una medida cautelar para que las empresas respeten el derecho de las personas con discapacidad.
La intervención estatal se tomó para “lograr que las empresas cumplan sus obligaciones y que las personas con discapacidad puedan viajar gratis en transporte de media y larga distancia”. Además, el Gobierno anunció “más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas”.
El recurso judicial solicitó que la justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) que “revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad. El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor”, difundieron desde Transporte.
Lo cierto es que la no entrega de pasajes gratuitos a esta población se dio tras la desregulación que impulsó y festejó el propio gobierno de Javier Milei semanas atrás.
“Hoy por Decreto 883/24 el presidente Javier Milei implementó la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. A partir de ahora las empresas podrán elegir sus horarios, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas sin necesidad de autorizaciones ni trámites engorrosos. El transporte de pasajeros hasta ahora se dividía en servicio público (ley 12.346) y libre. Por ejemplo, el transporte de pasajeros turístico era libre (aunque con engorrosos registros), mientras que el transporte de pasajeros local e interjurisdiccional eran un servicio público. El Decreto 883 mueve todo el tránsito interjurisdiccional al segmento libre (solo queda parte del urbano local como regulado)”, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El gobierno anti Estado ya había tenido que lidiar con la necesidad de intervenir tras una desregulación. Fue en el caso de las prepagas. Liberadas de todo control, llevaron los aumentos a tal punto que el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, acudió a la Justicia en marzo para establecer límites a esas subas.
Algo que podrían volver a hacer próximamente, ante los nuevos aumentos por encima de la inflación, según trascendió en las últimas horas. El mercado sin Estado puede fallar.
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