A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo suspendió la ejecución “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”. Las normas habían sido aprobadas por amplia mayoría tras el rechazo a los vetos de Milei.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, a través de los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
Desde el Gobierno justificaron que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas.
El oficialismo ya había advertido en septiembre, a través de la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales.
La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En tanto, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.
La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
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