El gobierno redobla la apuesta en su respaldo a PepsiCo y la represión

El presidente Mauricio Macri salió ayer a defender la decisión de la multinacional PepsiCo de cerrar su planta de Vicente López y despedir a casi 600 trabajadores, al tiempo que criticó la toma de la planta por parte de los cesanteados y jusitificó la represión con la que se los desalojó el pasado jueves.

El presidente se mostró comprensivo con la decisión empresaria: «Hay que entender que estamos trabajando para que el empleo crezca y si hay una fábrica que se muda de lugar, si le decimos a la gente que viene a este país que está en una fábrica y no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado», evaluó. Y agregó: «Es como invitarte a mi casa pero después no te vas a poder ir nunca más. No va a ir nadie a tu casa».

En diálogo con periodistas, Macri acusó a los trabajadores que estaban dentro de la planta tomada de «herir policías» y «herir a colegas de ustedes». En realidad, los periodistas sufrieron los golpes y gases de la policía cuando trabajaban en la cobertura de la represión de la toma.

Las declaraciones del presidente ayudan a poner en contexto el conjunto de decisiones que se fueron anudando hasta llegar a este desenlace. El caso PepsiCo era conocido por la Casa Rosada desde mayo por lo menos, cuando el CEO de sus operaciones en Argentina y el Cono Sur, Sergio De Francesco, se fue de la firma presionado por la casa central, ubicada en Nueva York. De Francesco partió junto con un grupo de los principales directivos de la firma, los que fueron reemplazados por ejecutivos tanto locales como extranjeros. «Renunciaron algunos altos ejecutivos y ya han sido reemplazados por ejecutivos locales. Hay algunos ejecutivos que no son argentinos también trabajando (como en cualquier multinacional) pero desde mucho antes de mayo», detalló a Tiempo una fuente cercana a la compañía.

El objetivo de estos movimientos fue encarar la recta final hacia el cierre de la planta luego de haber descartado otras vías para lograr la vuelta de la rentabilidad, tras tres años de pérdidas, según dijo la fuente consultada. Según la revista Mercado, PepsiCo facturó en la Argentina $ 4800 millones en 2016, un 26% más que en 2015.

De Francesco era un conocido del gobierno. Participó de los encuentros de inversiones –los Davitos–, acompañó a Laxman Narasimhan, CEO de PepsiCo Latinoamérica, en un encuentro con la vicepresidenta Gabriela Michetti, y era una voz activa en las discusiones sectoriales.

La política del gobierno respecto de la decisión de las nuevas autoridades de PepsiCo fue la de dejar hacer a sabiendas de que se venía una crisis. Esto queda confirmado con el hecho de que el Ministerio de Trabajo le dio su visto bueno al Procedimiento Preventivo de Crisis en 24 horas y que en el mismo lapso la empresa anunciara los despidos. Esa es la razón por la que la justicia laboral resolvió la reinstalación de diez de los trabajadores (ver aparte). La empresa la desestimó a través de un comunicado emitido ayer en el que afirmó que el Procedimiento Preventivo de Crisis ya estaba concluido y que no quedaba personal con cuentas pendientes con la empresa, «de lo cual el Tribunal pudo no haber tenido conocimiento».

Tanto Macri, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la empresa han resaltado el acuerdo por el cual el sindicato de la Alimentación aceptó los despidos a cambio de una indemnización del doble de la que correspondería por ley, dando a entender que ese dinero bien puede reemplazar un empleo. Ello sucede justo cuando el gobierno y las empresas impulsan la eliminación de la indemnización por despido y su reemplazo por un seguro al parado. «