El golpe final para el campo que alimenta

La concentración de tierras, el agronegocio especulativo y con grandes prebendas del Estado, el aumento de los insumos dolarizados y la destrucción de todos los apoyos técnicos y financieros que implica la motosierra del actual gobierno, profundiza la crisis del campo que alimenta, en un país extensivo en tierras y con un hambre creciente. Este proceso podría profundizarse con la aprobación de la Ley Bases, y en particular, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“El RIGI condena la producción de alimentos para el mercado interno ya sea por la desaparición constante y permanente de los pequeños y medianos productores y cooperativas, sector que naturalmente son quienes producen y abastecen alimentos para el mercado interno, sino también porque somete a los alimentos básicos como el pan, la leche y la carne a los precios internacionales”, manifestó recientemente la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), en una carta al Senado de la Nación.

“El RIGI condenará al país a una economía de enclave, extractiva y colonial, de perdida de total soberanía y del derecho a la alimentación del pueblo argentino. En un contexto global, en el cual, a partir de un proceso de fusiones corporativas, los sistemas agroalimentarios están cada vez más subordinados a los intereses de mega corporaciones que dominan la biotecnología, maquinaria y la digitalización logística y mercados. Proceso que va empujando una transformación acelerada hacia un modelo financiero sin productores, sin vida rural y en el que los alimentos se traducen en instrumentos de especulación financiera, haciendo cada vez más difícil el acceso a los alimentos para los ciudadanos”, agregan.

Un proceso largo

El último Censo Agropecuario Nacional de 2018 elaborado por el Indec muestra que en quince años se perdieron un 25% del unidades productivas de alimento. Si la comparación es con el censo de 1988, la pérdida es del 41,5%. Un promedio de 5.678 unidades por año. El Centro de Estudios de la Tierra (CET) de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT) ha destacado la pérdida de más del 40% de los establecimientos agropecuarios entre 1988 y 2018 (un total de 170.000 familias productoras). Según el Instituto de Suelos del INTA Castelar, se pierden en Argentina 200.000 ha al año producto del monocultivo y el uso de agrotóxicos.

“Para ser sincero, lo que se viene viendo, hace por lo menos veinte años, es la desaparición de pequeños productores agropecuarios. Una figura que era un clásico en todo el interior productivo, con 40 o 50 hectáreas propias y alquilando otras 100 o 200 más al vecino. Es un esquema que está desapareciendo y no se toman medidas al respecto”, confiesa Sebastián Campos, secretario de Bases Federadas. “Hay 1.000 propietarios de tierra que se llevan una renta parasitaria que no vuelve a la producción, sino que ingresa al sistema especulativo. Unos 8.000 millones de dólares por año de renta por el solo hecho de tener un título de propiedad de dudosa legitimidad en muchos casos”, destaca Pablo Pailolle, también de Bases Federadas.

Sin tierra no hay alimento

“En las zonas productivas, las familias no están encontrando mucha salida a esta crisis. Los precios de insumos para la producción se han disparado por la devaluación y la especulación de las tres o cuatro empresas que manejan el 100% de estos materiales. Esto acompañado a problemas climáticos como inundaciones. Con el agravante que las familias no tiene la posibilidad de reinvertir en la producción y se están retirando del campo o se están endeudadas a tasas altísimas. Esto se ve en la disparada de los precios de la verdura”, explica Zulma Molloja, vocera de la UTT.

Según un reciente informe del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, la inflación de la Argentina en el rubro alimentos, ubica al país como el único latinoamericano entre los diez más golpeados por el hambre. Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestra que el 20,6 por ciento de los hogares en Argentina tiene signos de inseguridad alimentaria (frente a un 18,7 por ciento del 2022).

“También mencionamos con mucha preocupación el artículo 111 de la Ley Bases, por el que se modifican las exenciones tributarias, corriendo el riesgo de que impacte negativamente en las cooperativas al tener que pagar impuesto a las ganancias. Es necesario remarcar que las cooperativas son la herramienta principal de arraigo y desarrollo en el país, que generan miles de puesto de trabajo y son parte de la historia de cada uno de nuestros pueblos”, aclara la carta de la MAA.

Diversos índices, como los del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) vienen demostrando que las producciones y comercializadoras de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP) tienen una inflación mucho menor que la de las grandes cadenas de supermercados y los oligopolios de la industria del alimento.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.