El mandatario que impulsó el juicio político a Dilma Rousseff está siendo investigado por lavado de dinero por un juez de la Corte Suprema.
Temer apuntó directamente contra la investigación abierta por el juez del Supremo Tribunal Federal Luis Barroso, quien autorizó a la Policía Federal a prorrogar por 90 días la etapa de recolección de pruebas en la trama corrupta en el puerto de Santos, el más grande de América Latina.
«Sufro una persecución delictiva disfrazada de investigación», subrayó en un discurso.
Con una popularidad de entre el 3% y el 6% según las encuestas, Temer ha declarado recientemente que puede ser candidato a presidente en las elecciones de octubre.
Si no es reelecto, el 1º de enero quedará sin fueros y las dos denuncias del año pasado que rechazó el Congreso por corrupción y asociación ilícita una de ellas es pedir y recibir dinero de la constructora Odebrecht para campañas pasarán a la justicia penal ordinaria.
«Si tienen la ilusión de pensar que me derrocarán, no lo lograrán», advirtió el mandatario que impulsó el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.
«Quiero protestar contra mentiras que son lanzadas contra mi honra. No se trata de mentiras dirigidas a mi puesto sino a mi honra personal. Mentiras que afectan a mi familia y a mi hijo que tiene nueve años», aseguró Temer. Respondió así a una nota del diario Folha de São Paulo que sostiene que la Policía Federal, según fuentes de la investigación, encontró indicios de lavado de dinero de Temer para comprar una serie de inmuebles familiares.
Temer ordenó al ministro de Seguridad Pública a cargo de la Policía Federal investigar la filtración de informaciones sobre la causa, en la cual están involucrados varios amigos y exasesores que estuvieron detenidos durante 48 horas.
Entre ellos varios dirigentes del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) como el exministro de Agricultura Wagner Rossi y dos amigos de Temer como el excoronel Joao Batista Lima y el empresario inmobiliario José Yunes.
La investigación apunta a supuestos favores otorgados mediante un decreto de Temer de 2016 a una empresa que opera en el puerto de Santos, una autorización que había vetado su antecesora destituida en juicio político y de la cual fue vicepresidente, Dilma Rousseff. «
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