El impuesto que impulsa el FdT para cancelar la deuda con el FMI podría recaudar hasta U$S 70 mil millones

El impuesto sobre los fondos depositados en el exterior y no declarados que propone crear el Frente de Todos podría significar un ingreso extraordinario de U$S 70 mil millones. Si pudiera cobrarse en su totalidad, cubriría con creces la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así lo indican los primeros cálculos posteriores a la difusión del proyecto de ley.

El “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, tal como se lo denomina en la iniciativa que se dio a conocer este lunes, se nutriría del aporte a realizar por quienes tengan dinero en el exterior y no esté declarado ante el Fisco. La norma prevé una alícuota del 20% sobre esos fondos, que se elevarán a 35% si antes de pasados los seis meses no se realizó el pago correspondiente.

Los cálculos realizados por los técnicos del Frente de Todos señalan que “al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020”. Las estimaciones son compatibles con las investigaciones periodísticas sobre los Panamá, Paradise y Pandora Papers, que incluyen documentos y testimonios sobre la fuga de divisas hacia paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos en los respectivos países.

Si esos números son correctos, la base sobre la que se aplicaría el impuesto sería de U$S 348 mil millones. Una alícuota del 20% significaría un ingreso al fisco de U$S 69.600 millones. Como referencia, el acuerdo que el directorio del FMI aprobó la semana pasada y que tiene el aval del Congreso de la Nación implica una deuda de U$S 44 mil millones. El dinero recaudado, que integraría el Fondo Nacional, sólo podría ser aplicado a la cancelación de ese pasivo.

Por supuesto que la iniciativa se encuentra en estado embrionario. Para ser efectiva, requiere una norma complementaria, también presentada por el FdT, que prevé el levantamiento del secreto bancario para que los bancos extranjeros informen los depósitos realizados por ciudadanos argentinos, a partir de las cuales comparar las declaraciones hechas en el país y detectar los fondos no declarados. Los trámites para encontrar el dinero y forzar a sus dueños a pagar el impuesto no serán sencillos. También se presume que habrá un fuerte lobby en contra de su avance parlamentario: este mismo lunes, apenas horas después de que se conociera el proyecto, los principales voceros de Juntos por el Cambio ya se manifestaron en contra.

El senador Oscar Parrilli, otro de los impulsores de la idea, fue bastante más conservador en sus cálculos y opinó que se podrían recaudar unos U$S 20 mil millones. “Si uno saca números sencillos, 10 mil millones de dólares fue lo que recaudó Macri en su momento con el blanqueo. Creemos que con esto se tiene que recaudar por lo menos el doble, porque es más amplio y prevé más sanciones”, argumentó.

El proyecto venía siendo elaborando hace varios meses, según admitió la senadora Juliana Di Tullio en una entrevista con el canal C5N. “(La vicepresidenta) Cristina Kirchner ya lo dijo, la Argentina no tiene un problema de dólares sino de la fuga de esos dólares. Esa gente (que puede ser alcanzada por el impuesto) está lavando dinero producto de algún ilícito o están fugando divisas para no pagar impuestos, que también es un delito económico. Es ilegal sacar plata del país y no tributar sobre ella”, señaló.

De manera coincidente, Cristina Kirchner se entrevistó este lunes por la tarde con el embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley. “Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos, para crear un Fondo con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, tuiteó la vicepresidenta. Por su parte, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que “el gobierno nacional valora la iniciativa; este Fondo está basado en un estricto sentido de justicia distributiva”.

El proyecto se dio a conocer al día siguiente de la revelación de Tiempo sobre los giros al exterior que realizó Carlos Rosenkrantz, miembro de la Corte Suprema que hasta hace poco presidió ese cuerpo y formó parte de la línea de sucesión presidencial. Rosenkrantz reconoció a este diario que transfirió 650 mil dólares a Estados Unidos en agosto de 2019, al día siguiente de que el expresidente Mauricio Macri fuera derrotado ampliamente en las primarias presidenciales. Operaciones similares realizaron otros miembros del ámbito judicial, como el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand y su hijo Esteban; el exministro Ricardo Gil Lavedra y los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo. Todos los consultados por Tiempo dijeron que las operatorias fueron realizadas por canales legales y declaradas ante la AFIP, razón por la cual no estarían alcanzados por el tributo cuya creación se estudia.