El INDEC lanza el primer informe oficial sobre violencia de género

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el jueves el primer informe del organismo sobre violencia de género, que será publicado el 7 de marzo, en la previa de la marcha internacional de mujeres. Las autoridades mostraron optimismo por la tarea realizada, aunque remarcaron que falta aún concretar la participación de varias provincias y organismos, que por distintos motivos se abstuvieron de brindar la información requerida.

Se trata del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), que se elaboró con datos recogidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 y colaboración conjunta entre el INDEC, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), las Direcciones Provinciales de Estadística y los organismos que asisten y registran casos de violencia contra las mujeres.

El informe, que nace como respuesta al incesante pedido de distintas organizaciones feministas, fue presentado por Cristina Massa, de la Dirección de Estadísticas Sectoriales del INDEC; Gladys Massé, de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población y miembros del equipo de comunicación del organismo. Estuvieron presentes representantes del INAM y de la Línea 144, de asistencia telefónica a víctimas de violencia de género, así como periodistas de diversos medios de comunicación.

Cristina Massa fue la principal oradora y ahondó en detalles sobre la metodología y la elaboración del RUCVM: “Lo que hicimos fue recabar datos de registros administrativos para generar información estadística. A partir de ella, construir indicadores confiables y válidos”, resumió.

La especialista explicó que se busca “caracterizar sociodemográficamente a la víctima, de acuerdo con la edad, el nivel de instrucción, la situación laboral, saber si recibe un plan social o algún ingreso porque eso le otorga menor vulnerabilidad y mayor posibilidad de salir de una situación de violencia, identificamos el vínculo con el agresor, el tipo y modalidad de violencia, la frecuencia del maltrato, etc. También buscamos información sobre el agresor. La mayor parte de los agresores son conocidos de la víctima y dan su DNI, saben su nivel de instrucción, su situación laboral, etc”.

Massa aclaró que “las bases de datos no las compartimos porque contienen información muy sensible. Trabajamos con distintos organismos e instituciones que nos envían datos y hacemos una devolución”.

Massa está a cargo del proyecto desde 2016, pero el registro se creó en 2012. “En 2016, hicimos una modificación en la metodología y comenzaron a participar las direcciones provinciales de estadística”. En ese sentido, contó: “Capacitamos a 671 personas en todo el país. Visitamos 20 provincias, participaron cerca 290 organismos nacionales, provinciales y municipales. Como producto de esos talleres, 15 provincias están mandando datos”.

La falta de colaboración es el principal palo en la rueda

Si participan 15 provincias, significa que otras 9 no. “La idea es que se pongan en marcha todas las provincias, que se contacten con todos los organismos que captan datos de violencia, que recuperen información antigua, de manera de acercarnos un poco más a datos que desconocemos”, explicó la especialista y continuó: “En el documento se va a poder ver cuáles provincias y organismos participan y cuáles no, con la idea de que quienes no están vean la necesidad de estar”.

Entre las dificultades que esto genera, especificó: “A lo mejor, un 50% de los casos no dan información sobre una variable determinada. Hay algunas variables que no las podemos publicar porque tenemos un elevado porcentaje de casos sin información. La convivencia con el agresor, por ejemplo, se clasifica. Si tuviésemos ese dato de todos los organismos tal vez la distribución podría cambiar”.

Los aportantes se resumen en “12 organismos nacionales”, entre los que se encuentran “el INAM, ministerio de Defensa, ministerio de Justicia, ministerio público de la Defensa, Salud, Seguridad y Trabajo”. Además, participan “45 organismos provinciales y municipales como observatorios de género, oficinas de la mujer, de violencia, desarrollo social, municipalidades, policías, Justicia. Pero nos falta mucho para recuperar. Hay provincias que aún no lograron mandar los archivos”.

Ante la consulta sobre las causas de la no participación, Massa describió: “Depende de las autoridades de gobierno y de los diferentes organismos que deciden participar o no. Uno de los principales argumentos es que no brindan información con el DNI de la víctima”. En ese orden, aclaró que el INDEC trabaja “con secreto estadístico”. Luego, detalló: “El equipo se ha dedicado a llevar tranquilidad a los organismos. Por ejemplo, mostrar cómo transformamos los DNI en un código encriptado; hay una sola persona de la división de informática que convierte los DNI en un geroglífico. Pero necesitamos el dato para evitar la duplicación de los casos. Por eso, recorremos el país mostrando estas cosas y llevando tranquilidad”. Finalmente, sobre ese tema apuntó: “A veces, es también la voluntad de enviar esa información”.

Para llevar tranquilidad a las víctimas, la especialista aclaró que “no vamos a hacer ninguna difusión que ponga en riesgo su seguridad. Estos datos no son un reflejo de la frecuencia o la intensidad en la violencia de género. Depende de las acciones que hicieron las mujeres para registrar los casos. Y de si esos organismos están aportando datos o no. La violencia de género está subregistrada por naturaleza. Las mujeres no suelen denunciar estos temas. Son elementos a tener en cuenta”.

Finalmente, adelantó: “Una variable que incluimos es el tiempo de maltrato. Porque la mayor parte de los casos son mujeres que soportaron más de diez años de violencia y queremos que quede registrado como un solo caso”.