El lado B de la negociación por la reforma laboral

El día que el presidente Mauricio Macri anunció su plan de reformas le dedicó dos párrafos al sindicalismo. Lo que pocos de los asistentes sabían era que esos párrafos que sonaban a cuestionamientos iban a ser la clave para lograr el apoyo de la cúpula de la CGT.

Ese día, en referencia a las Obras Sociales el presidente dijo: “En Argentina hay 280, de las cuales sólo 40 representan el 70 por ciento de los trabajadores. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que sólo representan el 30 por ciento. Esta cantidad llama la atención”. Además, sostuvo que pasa “algo similar con los sindicatos» y manifestó: «No puede ser que haya más de 3 mil en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”.

Lo cierto es que al mismo tiempo en que se comienza a debatir la reforma laboral, por otra vía se avanza tanto la posibilidad de reducir sindicatos como de unificar Obras Sociales. Ninguna de los temas disgusta a la CGT. Por un lado ratifica el monopolio sindical y por otro lado suma miles de millones de pesos que se repartirán entre los grandes sindicatos.

En la actualidad hay 274 Obras Sociales, la intención es por lo menos reducirlas a 100. Las 174 obras sociales que se deberían fusionar con las más grandes tienen ingresos mensuales por 1.133 millones de pesos. Ese monto será el que se repartirá entre las 100 que queden en píe luego de la fusión. En lo que va del año las 174 Obras Sociales más pequeñas recaudaron 9.365 millones de pesos.

La excusa formal es que las pequeñas entidades que brindan servicios de salud no pueden cubrir lo costos de los tratamientos de sus afiliados.  

La fusión de las Obras Sociales no es una idea nueva en Argentina. En el año 2000 el gobierno de la Alianza presentó un proyecto de ley en el cual se reducía a 50 la cantidad de entidades.  En la década del ’90 se firmaron cuatro decretos para darle marco regulatorio a las fusiones.  

En tanto, que la reducción de sindicatos prevista en el artículo 120 del anteproyecto de reforma laboral redactado por el Poder Ejecutivo prevé verificar la existencia de sindicatos. El Ministerio de Trabajo intimará a las organizaciones que en los últimos cinco años no hayan cumplido sus obligaciones legales y estatutarias a regularizar su situación en un mes. De no hacerlo, serán dadas de baja.

En ese marco el temor se expande entre los sindicatos más pequeños o aquellos que cuentan con la simple inscripción. La discrecionalidad del ministerio de Trabajo puede terminar con años de construcción sindical en paralelo a la CGT.

Así las cosas, más allá de lo derechos que están en juego, para los sindicatos grandes y la cúpula de la CGT todo se traducirá en ganancia. Ya sea por el fortalecimiento del monopolio sindical, como por la concentración de los aportes de a las obras sociales.