El lado B del conflicto en SanCor y los 50 millones en juego

El salvataje de 450 millones de dólares prometido por el Gobierno nacional para SanCor quedó supedidato a “un plan sustentable” para la viabilidad financiera de la emblemática cooperativa lechera “mediante un plan de reestructuración y la paulatina reducción de personal”.

En ese contexto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tildó al convenio de la actividad como “inviable” y dejó expuesta la intención de avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria láctea.

La primera opción que había sido aceptada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) fue la del diferimiento del pago del 15% del salario por 6 meses. 

Lo que la cúpula del gremio había aceptado fue rechazado luego por los trabajadores y, ante ese escenario, desde el Gobierno se planteó la posibilidad de reducir a la mitad el bono solidario superior a $3000 que las empresas le pagan al gremio mensualmente por cada trabajador.

La suma recaudada por este concepto supera los 30 millones de pesos mensuales, aunque el aporte supo superar los 50 millones. En cualquier caso, el gremio en la actualidad recibe más de 350 millones de pesos al año. Si bien no todas la empresa lo pagan y la obligatoriedad del pago está judicializada, los fondos constituyen mensualmente parte de la poderosa caja del gremio lechero.  Si bien el rechazo a la propuesta por parte del Gremio fue tajante, un sector de trabajadores que se denominaron “autoconvocados” apoya esta iniciativa.

Algunas Pymes lácteas se resistieron a pagar ese bono desde el inicio y fueron a la Justicia. Otras empresas se atrasaron en su pago. En ese marco, el sector industrial asegura que toda las empresas le deben al sindicato por ese concepto cerca de $1000 millones. SanCor no es la excepción pero en este caso Atilra aceptó refinanciar su deuda de $100 millones del gigante lácteo.

Desde ATILRA sostienen que “el Gobierno tira este ítem a la cancha porque sabe que va a hacer ruido, pero lo que buscan es conculcar derechos y flexibilizar el convenio. Lo mismo que buscan con los docentes y que hicieron con los petroleros”.

El bono que divide a los trabajadores lácteos y generó el cruce entre el gobierno nacional y los directivos de Atilra para poder lograr el rescate de Sancor es un aporte extraordinario que las grandes empresas lácteas derivan al sindicato desde el año 2009. La variable interpuesta en la negociación para que el ajuste recaiga, en principio, sobre el gremio y no sobre los trabajadores dividió las aguas entre los afiliados.  

Según consta en el ministerio de Trabajo, el bono, que comenzó siendo de 417 pesos “por cada mes y por cada trabajador”, debe ser ajustado en la exacta proporción en que se modifiquen los salarios básicos.  

Este acuerdo fue desde entonces rechazado por otras asociaciones de empresas lácteas que, si bien no firmaron el documento, debieron pagarlo de todos modos. Entre éstas se cuenta Apymel, que reúne a las pequeñas y medianas industrias lecheras. Su presidente, Pablo Villano, ya el año pasado había dicho que el bono «no tiene razón de ser» y que «se va indexando con cada aumento de salario y ha llegado a números impagables». También señaló que existen ocho causas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires iniciadas por empresas lácteas de esa provincia para no abonar el bono extraordinario.

Según las explicaciones que Jorge Coronel, firmante del acuerdo y asesor legal de Atilra dio durante una conferencia de prensa, “el bono fue dispuesto para financiar prestaciones médicas de Ospil”, la obra social del gremio.

Para el plan de salvataje de la industria láctea, el ministro Buryaile pretende convencer a Atilra de que permita la reducción de este bono a $1.500 pesos por trabajador.