El lawfare llegó hasta el exdirector del INTA

Héctor Espina tiene 64 años y casi 33 en la gestión pública, donde después de pasar por distintos cargos se convirtió, tras ganar un concurso, en el director nacional del INTA durante toda la gestión de Mauricio Macri. “Es la primera vez en mi vida que me acusan de un hecho de corrupción. Ahora vamos a juicio oral y todo esto puede llevar un año o más, no soy experto en estos temas”, explica Espina a Tiempo. Dice que hay resortes de la justicia que, en connivencia con el poder político de entonces, han buscado disciplinarlo.

“En el INTA encabecé una resistencia. (Luis Miguel) Etchevere me había dicho que iba a echar gente, pero no lo dejamos. Llegamos al puerto en noviembre de 2019 con todos los tripulantes arriba del barco”, añade el ex titular del INTA, quien reconoce que su manera de ver la gestión en el organismo distaba de la que el Ministerio de Agroindustria buscaba imponer: “Fuimos al Congreso a reclamar más presupuesto cuando lo teníamos prohibido. Soportamos y denunciamos los despidos en Agricultura Familiar, un área no estaba contemplada por las autoridades. No podíamos siquiera mencionar la palabra agrotóxico”, sostiene Espina. Mientras ocurría esto en el plano político, avanzaba una causa en la arena judicial.

El recorrido de Espina por la gestión pública incluyó varios sectores: en 1988 concursó y se convirtió en jefe de la Agencia de Extensión del INTA. Luego, fue electo intendente de Gobernador Gregores, en Santa Cruz. Entre 2003 y 2009 fue presidente de Parques Nacionales. Más tarde volvió al INTA y después fue jefe de Gabinete del ministro de Agricultura Carlos Casamiquela, entre 2013 y 2015. A fines de aquel año asumió el cargo de director nacional del INTA.

Sugestivamente, en 2017 fue denunciado penalmente junto a ocho personas más por supuesta administración fraudulenta en contra del Estado por una licitación llevada adelante mucho antes, en 2005, que planteaba la remodelación de Puerto Pañuelos, en San Carlos de Bariloche. La denuncia fue realizada por Miguel Ángel Ricchiardi, quien había perdido aquella licitación.

Ricchiardi, quien fue el concesionario de Puerto Blest S.A. hasta su quiebra, se quejó primero administrativamente y no fue correspondido. Luego, llevó el tema al fuero Contencioso Administrativo donde su demanda fue desestimada tanto en primera como segunda instancia.

“Siempre actuamos de acuerdo a las líneas técnicas. No nos apartamos un ápice. Pero se ve que el denunciante en 2017 encontró el escenario propicio para retomar el caso”, precisa Espina. Es que Ricchiardi acudió a Parques Nacionales, a cargo durante el macrismo del ex CEO de Phillips Morris y la Corporación Puerto Madero, Eugenio Bréard, quien inició un sumario por aquella licitación realizada una década antes.

“Nunca me notificaron, no me dejaron defenderme y por si fuera poco me enteré que apretaban a la gente para que declararan en contra mío, cosa que con mucha dignidad no ocurrió”, argumenta Espina. La licitación en cuestión había quedado en manos de la empresa London Supply S.A. y Ricchiardi insistió en que su designación fue direccionada y acusó a las autoridades de haber sido permisivas en cuanto a los tiempos y al alcance de las obras.

“Quedó demostrado que el inicio de los trabajos se demoró porque una comunidad mapuche ocupaba parte del predio, hasta que se logró su desalojo. No se le aplicaron multas, porque el lugar no estaba libre de ocupantes. Luego, negociamos un mejor proyecto sin pagar un peso de más y lo que tenía que hacerse en 24 meses se hizo en 12. Todo este proceso judicial es opaco, poco transparente”, se defiende Espina.

El ex funcionario logró por estos días el apoyo y la solidaridad del Movimiento Campesino Indígena Pucará, la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el Frente Nacional Campesino, la Asociación del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA), la Mesa de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires y de distintas agrupaciones políticas.