Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977, llevaron adelante junto a los ferrocarriles una de las medidas de fuerza más prolongadas e importantes durante la última dictadura cívico-militar. Si bien el conflicto había empezado por reivindicaciones salariales, recrudeció luego de la desaparición de dos trabajadores.
Se trató de una de las huelgas más importantes y prolongadas que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar y una de las menos estudiadas a la fecha.
De acuerdo con el historiador Andrés Carminati, especialista en el período, durante octubre y noviembre de 1977 tuvo lugar la tercera oleada de conflictividad laboral de los primeros años del régimen, algo que “alcanzó por momentos una dimensión nacional”. Algunos historiadores, de hecho, la caracterizan como la primera huelga general, aunque no declarada, contra la dictadura de Videla.
Si bien fueron varios los sectores que fueron a la huelga en aquella oportunidad (luz y fuerza, bancarios, portuarios y aeronáuticos, entre otros), el conflicto en el Subte se desató como una consecuencia directa de un paro ferroviario. En ambos casos, era por reivindicaciones salariales.
Razones no faltaban, ya que el deterioro del salario real, de la mano de la política de ajuste ortodoxo del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, era palpable: tomando como base 100 el salario real de 1975, el de 1977 fue de apenas 51,3.
El paro de Subte, que se extendió durante casi una semana, fue caracterizado por la prensa internacional como “el mayor reto a Videla” y “el más serio desafío laboral al gobierno militar desde su instalación”, tal como lo llamó el diario El Sol de México, a la vez que una “exteriorización del sordo malestar que se advierte en los medios obreros contra la política económica del gobierno”.
La huelga ferroviaria se había desatado el jueves 27 de octubre en la línea Roca. Si bien había sido convocada por los señaleros de ASFA, rápidamente se sumaron La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Al día siguiente, el viernes 28, las medidas de fuerza se extendieron al Mitre, al San Martín, al Urquiza y a Subterráneos de Buenos Aires, comenzando el paro en la línea A.
El gobierno militar, presuroso por restablecer el orden, entabló negociaciones con los ferroviarios, que buscaban un incremento salarial, logrando una normalización parcial de los servicios para el domingo 30 de octubre. Ese mismo día, un editorial del Ejército replicado por varios medios se ufanaba del “diálogo” desarrollado con los trabajadores, a la vez que reconocía que estos “desean ser escuchados en la transmisión de inquietudes a las autoridades con vistas a la obtención de mejoras salariales”.
En el Subte, en cambio, el conflicto se complicó. Los trabajadores del Subte pedían “un 50% provisorio de incremento en los sueldos [y] el retorno a la jornada labоral de 6 horas por considerar insalubre el trabajo”, a la vez que elevaron petitorios en protesta “por las arbitrariedades que se producirían con la aplicación de la racionalización administrativa en Subtes”, según recogía Crónica en su sexta edición del domingo 30 de octubre.
El reclamo fue recibido con frialdad: el gobierno intimó a los huelguistas de SBA a deponer la medida y amenazó con la aplicación de la temida Ley de Seguridad y de la ley 21.400/76, que dejaba cesantes sin indemnización a quienes pararan durante la vigencia del estado de sitio y penaba con uno a seis años de prisión a quienes se involucraran en medidas de fuerza.
La medida, motorizada por las bases, parecía desbordar a la conducción sindical: “No se ha hecho cargo de la situación ninguna organización sindical con la cual sea posible mantener contactos en el marco legal vigente”, se quejaba entonces a Crónica un vocero de SBA. “El conflicto es de difícil solución debido a que no se conocen los nombres de los integrantes de la comisión que impulsó el paro, al que un integrante del personal directivo de Subterráneos calificó de ‘extragremial’”, recogía el mismo diario.
El lunes 31 era visto como un día de “posibles soluciones”: con el antecedente de que Gas del Estado y ENTEL habían otorgado aumentos del 100% ante los reclamos, los huelguistas se entusiasmaban con la posibilidad de llegar a un acuerdo.
En la noche de ese mismo día, los servicios del Subte parecían comenzar a normalizarse, tras el anuncio de una propuesta para los ferroviarios: aumentos salariales de entre 34% y 43% e incrementos en las asignaciones familiares. Los gremios ferroviarios, no satisfechos del todo, sometieron el arreglo a las bases, que rechazaron el arreglo. La situación fue de incertidumbre: algunas líneas ferroviarias volvieron al paro y otras funcionaron, aunque no con toda normalidad.
Mientras tanto, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, endurecía el discurso oficial: “en el país no hay derecho de huelga y, en consecuencia, todos aquellos obreros o empleados que concreten acciones de fuerza serán severamente sancionados”, afirmaba. El paro de Subtes se había transformado en una auténtica piedra en el zapato para el régimen militar: Harguindeguy aseguraba que “en el área de Subterráneos de Buenos Aires ha habido una acción, una simultaneidad, y la forma en la que se produjo el paro indica que ha habido una acción concertada y preparada para un momento determinado”, a la vez que dejaba flotando en el aire la idea de una posible “infiltración de activistas”, vinculando el paro con una posible “agenda subversiva”.
Las duras palabras del ministro estaban lejos de ser expresiones vacías: como consecuencia del conflicto, dos trabajadores del Subte habían sido desaparecido. La detención ilegal de los dos empleados llevó a un recrudecimiento de la huelga y, más allá de las reivindicaciones salariales, los gremialistas exigieron la liberación de sus compañeros.
La prensa de la época, de manera más o menos explícita según el medio, recogió la denuncia. Clarín, en su edición del 2 de noviembre, fue uno de los más claros: “Los trabajadores de los subterráneos han puesto como condición para continuar con la prestación del servicio la liberación de dos dirigentes que habrían desaparecido”. Ante Crónica, operarios del Subte pedían “la libertad de todos los trabajadores detenidos y que no se tome ningún tipo de represalia”, a la vez que destacaban “la solidaridad total de los compañeros” con el plan de lucha.
Mientras las terminales de las líneas se militarizaban con “fuerzas combinadas de seguridad, integradas por efectivos de la Policía Federal y el Ejército”, SBA intentaba implementar un diagrama de emergencia con personal jerárquico, con escaso éxito. Por la tarde del mismo miércoles 2 de noviembre, tras haberse ofrecido un aumento del 43%, solo funcionaban las líneas A, B y D, aunque con servicios muy reducidos: “en la A corren tres formaciones de trenes, cuando lo habitual es que estén en servicio 15; en la B, 7 sobre 12; y en la D también 7 sobre 12”, explicaba Crónica en su edición vespertina.
Al igual que en los ferrocarriles, el retorno del personal a sus tareas habituales se dio recién en el transcurso de la jornada del jueves 3 de noviembre, tras la aceptación de la propuesta de aumento salarial. Sin embargo, la normalización no se alcanzó del todo hasta el día siguiente, ocho días después de iniciado el conflicto.
Con todo, la “normalidad” tras la huelga estuvo marcada por la violencia y la represión. “En las estaciones de subterráneos se observó [el viernes 4 de noviembre] vigilancia especial por medio de efectivos de las fuerzas de seguridad. En algunas la vigilancia también comprendió al control de los paquetes que pudieran transportar los pаsajeros”, consignaba Crónica. El mismo día, el diario informaba sobre “un activista [no identificado] abatido por el fuego en la zona de Plaza Constitución”, “que incitaba a impedir el retorno de operarios al trabajo”.
Pese a la terrible sombra del disciplinamiento laboral, los trabajadores del Subte habían alcanzado un logro excepcional: tal como señala Carminati, “la movilización logró impedir que se consumara la desaparición de trabajadores. [Esto] dependía de condiciones excepcionales de movilización, como las que se vivían en ese momento”.
A pesar de tratarse de prolongados e importantes conflictos, que coincidieron con los años más represivos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, las huelgas de este período todavía no han sido estudiadas con profundidad por la historiografía, mucho menos que las ya míticas huelgas ferroviarias de 1961 y 1991, por caso. En 2019, la secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) organizó una charla sobre la acción sindical frente al régimen militar, lo que ayudó a una mayor visibilidad de los hechos.
A lo largo de la última dictadura cívico-militar, desaparecieron al menos cinco trabajadores del Subte: Daniel Bonifacio Chanampa, Luis Enrique Cabrera, Juan Carlos Correa, Federico Otin Beconi y José Martín Mendoza. En un acto de reparación histórica gestionado, familiares de dos de ellos ingresaron a trabajar en el Subte en 2011. Los trabajadores ferroviarios también sufrieron los efectos de la represión estatal: los legajos de 46 trabajadores detenidos-desaparecidos fueron restituidos en 2023, cuando se los reconoció oficialmente como víctimas de desaparición forzada.
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