Así lo denunció en su último informe el organismo porteño. Aseguran que “Soledad Acuña no quiere se auditada”. Los datos solicitados eran necesarios para el relevamiento de un programa de incentivo docente.
Los datos solicitados eran sobre el programa “Elegí Enseñar”, que se ejecutó durante el año 2019 previo al inicio de la pandemia. El mismo se inauguró en 2018 con el objetivo de vincular a estudiantes del nivel secundario con el ejercicio de la docencia, a través de la realización de observaciones y prácticas concretas en ámbitos educativos. La auditoría solicitó el listado completo de alumnos inscriptos a este programa, aquellos que quedaron en lista de espera y la cantidad total de vacantes solicitadas. “Con este esta situación queda claro que Soledad Acuña no quiere se auditada. Es más grave la negativa a entregar los datos requeridos por este organismo, que aquellas ‘falencias’, errores u omisiones que podamos encontrar en la gestión”, cuenta a Tiempo el auditor general porteño Lisandro Teszkiewicz.
El argumento que lanzó la Gerencia Operativa de Educación para el Desarrollo, para no entregar la información requerida por la auditoría, fue que no podía remitir el documento completo teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. “Esta Ley es clara y no incluye a la auditoria porteña, nosotros podemos requerir la información que solicitamos porque la Ley de Protección de Datos Personales N° 1845, en su artículo 7° inciso 3, así lo dispone”, agrega Teszkiewicz
A cambio del listado requerido por la auditoria porteña, la Dirección General de Educación le entregó al organismo el número total de estudiantes. De acuerdo a esas cifras, durante el año 2019, se gestionaron 600 espacios en los cuales los participantes pudieron realizar sus experiencias. El total de estudiantes que finalizaron la experiencia y percibieron la asignación estímulo durante el año 2019 fue de 503 alumnos, es decir, el total de estudiantes que culminaron satisfactoriamente el programa fue del 83% de los cupos.
“Esto demuestra que hay una negativa cerrada del ministerio de educación a entregar determinados datos requeridos, que están vinculados a cuántos estudiantes solicitan una vacante a nivel general en diferentes programas. La Ciudad nos dice cuántas vacantes asignó al programa, cuáles son los mecanismos para esa asignación de vacantes, pero se niega a informarnos cuántos estudiantes solicitaron esas vacantes”, suma el auditor porteño.
El programa “Elegí Enseñar” tiene una duración de tres meses y medio, y cada estudiante le dedicaba cuatro horas semanales al trabajo y por esto percibían una asignación estímulo equivalente a seis horas cátedras (en 2019 era un total de $7.178). El informe destaca que el ministerio de Educación de la Ciudad, tampoco definió un sistema de puntuación para la asignación de vacantes, y entre otras irregularidades, detectó una doble imputación de pago para los alumnos del segundo semestre.
Ese doble pago de la beca se realizó mediante una Resolución que aprobó nuevamente el abono a los alumnos de la segunda camada, por una suma total de $1.844.895,06. Desde la cartera educativa argumentaron que hubo una falla informática del módulo Planes Sociales (PSOC) por el cual se tramita individualmente cada pago y entonces no se acreditó el importe de la asignación estímulo en las cuentas correspondientes. Luego se ordenó pagar nuevamente a los 257 estudiantes que no cobraron, pero no se dejó sin efecto el pago que fuera aprobado por la resolución anterior. “Esta situación tiene que ver con el desmanejo administrativo de los fondos y el apuro de ejecución de fondos en algún momento, en vez de la ampliación del programa”, termina Teszkiewicz.
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