El próximo 14 de agosto el directorio de la empresa de seguridad Murata S.A deberá comparecer a una primera audiencia ante el Ministerio de Trabajo en el marco de las actuaciones que tiene abiertas por la muerte de Miguel Ángel Olmedo. En caso de fracasar esta mediación el expediente irá directo a la justicia laboral.
Olmedo falleció infectado con coronavirus el 28 de mayo de este año a los 64 años. Le faltaban apenas tres meses para jubilarse luego de 12 años de trabajar como vigilador para la empresa Murata.
También podes leer: Denuncian negligencia de Murata, aportante de Cambiemos, en la muerte de dos vigiladores Miguel Ángel, por su edad y porque arrastraba afecciones cardíacas, pertenecía al grupo de personas de riesgo y por ese motivo había hecho uso de la licencia contemplada en el decreto que estableció los parámetros del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Sin embargo, una vez expirado un primer período de 14 días, la compañía lo intimó a regresar a su trabajo.
Olmedo, temeroso de perder su fuente laboral y, por esa vía, resignar el pronto acceso a su jubilación, aceptó volver a trabajar. Sin embargo, el supervisor de la empresa, como represalia por haber hecho valer su derecho modificó su “objetivo” (punto de vigilancia). Miguel Ángel ya no debía presentarse en el Cementerio de la Recoleta donde desempeñaba tareas habitualmente sino a un galpón propiedad del GCBA dentro de la Villa 31, por entonces epicentro de la pandemia en la ciudad. Un castigo que le costó la vida.
A los pocos días el trabajador contrajo el virus y 16 días después, el 28 de mayo, falleció. A la fecha, denuncian sus familiares y abogados, la empresa no depositó siquiera su liquidación final al igual que la ART con relación a la indemnización por muerte. Por ese motivo, a pedido de los familiares y sus abogados, la cartera laboral convocó a su directorio a una audiencia para que tanto empresa como ART regularicen la situación.
David Berstein, el letrado que apadrina a los familiares y que forma parte de al Asociación Madres del dolor explicó a Tiempo que, “es un juicio contra Murata y contra la ART. Vamos arrancar con las acciones laborales y ya tenemos designada una audiencia de mediación. Son varias las acciones. La primera es la que tiene fundamento en la ley de riesgos del trabajo que es el reclamo de indemnización por fallecimiento que se incluye dentro de la cobertura de ART. El otro fundamento es la Ley de Contrato de Trabajo porque se cortó el vínculo laboral y Murata tiene que indemnizar a la familia por antigüedad y deficiente registración porque en un momento lo hicieron renunciar y lo tomaron con monotributo. Vamos accionar por este fraude laboral también”.
Sin embargo, Berstein señaló que el reclamo de sus representados excede el aspecto resarcitorio. Los familiares piden justicia y por eso, en forma paralela, dieron inicio a una causa en el fuero penal por delito culposo seguido de muerte porque consideran que, al menos, existe una responsabilidad de la empresa en términos de negligencia.
El abogado que representa a los familiares desde una ONG solidaria con las víctimas explicó que generó una empatía especial con el caso porque “a pocos días de establecer contacto con los familiares yo mismo me contagié de coronavirus y estuve internado varios días durante los cuales no pude dejar de pensar en lo que sufrió ese pobre hombre”.
Las acciones en el fuero penal implican una actuación personal contra los directivos de la propia empresa. El propietario formal de Murata S.A. es Roberto Raglewski, un hombre muy cercano a Juntos Por el Cambio quien recayó en el rubro luego de ejercer como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y fuera pasado a retiro en 2004 por estar involucrado en dos presuntos robos consumados por personal a su cargo en el transcurso de sendos operativos.
Murata S.A. está involucrada en la causa de aportantes truchos a la campaña del ex presidente Mauricio Macri. El propio Raglewsky figura como aportista individual por un monto de medio millón de pesos. El organismo que controla las empresas de vigilancia en la ciudad es la Dirección General de Seguridad Privada, a cargo de Ignacio Cocca. Se trata de un hombre muy cercano al ex ministro de seguridad de Cambiemos, Guillermo Montenegro. Fuentes del Sindicato Único de Trabajadores Custodios de la Argentina (SUTCA) denuncian que, en realidad, es accionista oculto de Murata y que representa el nexo entre la empresa y el poder político. Solo con el GCBA Murata se beneficia con contratos por $ 2 mil millones anuales.
Berstein explicó que “el aspecto penal, que ahora lo maneja el doctor Gabriel Becker, es complejo. La situación con el Covid es muy novedosa y por eso no es sencillo el encuadre de la figura penal”. El letrado, de cualquier forma, adelantó que “la fiscalía va a tener que determinar si hubo un delito culposo sobre la base de la negligencia de enviar a este pobre hombre con 64 años a un lugar tan expuesto como la villa 31 que era el pico de contagios y encima como un castigo. Incluso podría ser considerado dolo eventual porque esta gente debió representarse que podía terminar mal como quedó”.
Los lugares de trabajo se han convertido en un foco de infección que expone la vida de millones de trabajadores. Ocurre entre los ferrovarios, los trabajadores de supermercados, los obreros de fábrica y, entre otros rubros, también afecta especialmente a los vigiladores.
