El proyecto porteño cuenta con un amplio rechazo por parte del Frente de Todos, que asegura sólo beneficia a las empresas y rompe los entramados económicos existentes en los barrios populares.
La propuesta tiene el objetivo de “integrar productivamente” a los barrios que están en proceso de integración urbana: Padre Mugica, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20.
El dictamen originó una gran polémica, ya que la oposición advirtió que la iniciativa amenaza la construcción laboral y económica preexistente en esos barrios. Nahuel Casademunt, responsable social del Movimiento Evita en CABA, aclaró: “en los barrios populares existe un enorme entramado productivo y económico, que está perfectamente integrado al barrio y a las necesidades de sus familias. Es impulsado por sus trabajadores de forma organizada. Viven a partir de los ingresos que generan ahí y hoy en día no tienen ningún beneficio ni acompañamiento por parte del gobierno local”.
Al leer puntualmente el proyecto que promete beneficios para los vecinos de esos barrios, se puede develar que el beneficio es para las empresas. Señala que, aquellos negocios que inviertan en desarrollarse en un barrio, podrán usar un porcentaje de esa inversión como pago al Impuesto sobre Ingresos Brutos. Tendrán la posibilidad de dejar de pagar hasta un 80% de Ingresos Brutos (IIBB).
Además, Casademunt explicó que “el proyecto desconoce la preexistencia del entramado barrial y atenta seriamente su supervivencia. De esta forma, se promueve la competencia desleal y, por lo tanto, se ven amenazadas las fuentes de trabajo que con mucho esfuerzo construyeron miles de personas”.
Desde el Evita CABA advirtieron en diálogo con ANSOL que el proyecto, al que llaman Ley Farmacity se elaboró a espaldas los vecinos y vecinas de los barrios populares y de las organizaciones comunitarias, por lo tanto no tiene en cuenta los mecanismos de participación que en cada uno de los barrios existen y están reconocidos por las mismas leyes de integración al que este proyecto hace referencia.
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