El nuevo secuestro de dos ecuatorianos pone en jaque al gobierno de Lenín Moreno

El gobierno de Lenín Moreno enfrenta una de sus mayores crisis desde que asumió como presidente del Ecuador en mayo del año pasado. Menos de una semana después del trágico desenlace que tuvo el secuestro de los tres periodistas del diario El Comercio, quienes fueron asesinados por sus captores, se produjo un nuevo rapto en la misma localidad de frontera, en la provincia de Esmeraldas. El poco claro ministro del interior, César Navas, ya advirtió que hace días que se cortó la comunicación con los secuestradores, supuestamente el llamado Frente Oliver Sinisterra que sería conducido por el disidente de las FARC Walter Arizala, alias «Guacho». 

Mientras Moreno hace equilibrio en una delicada relación con su vecino Colombia, acaba de suspender la participación de su país como garante y sede de la negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los nuevos secuestrados son un hombre y una mujer, que mantienen una relación de pareja, y que desaparecieron el pasado jueves 12 de abril durante un viaje a esa provincia lindera con Colombia. La confirmación del hecho se dio nuevamente por la difusión de un video en que los propios secuestrados, Vanesa Velasco y Oscar Efrén Villacís, hacen de voceros de la demanda del grupo terrorista: piden que se libere a nueve combatientes detenidos a cambio de no ser asesinados. Se trata de la misma modalidad utilizada en el caso de la captura del fotógrafo Paúl Rivas, el reportero Javier Ortega y el chofer Efraín Segarra, por quienes pedían la liberación de tres detenidos. Pese a que el ministro Navas aseguraba que esa negociación no estaba considerada, se conoció luego por orden del propio Moreno, que el gobierno había iniciado las gestiones para evaluar el intercambio de prisioneros.

La muerte de los periodistas fue repudiada el jueves en varias marchas realizadas en distintas ciudades de Ecuador, con epicentro en el centro de Quito, donde activistas y amigos de los periodistas asesinados convocaron a una «Marcha por la paz» para pedir a los gobiernos de Ecuador y Colombia reanudar el operativo humanitario y recuperar los cuerpos que no fueron entregados por el grupo armado. Sobre ese tema, Navas afirmó que no se trata de algo que «dependa de las autoridades». 

«Estos delincuentes, estos asesinos, no tienen la más mínima sensibilidad ni con los familiares ni con la sociedad ecuatoriana como para darnos información», dijo en una conferencia de prensa en San Lorenzo, donde brindó las pocas precisiones que tenía sobre el nuevo secuestro. Allí concluyó que existen organizaciones internacionales, entre ellas la Cruz Roja Internacional, que «han expresado abiertamente su cooperación».

Al frente Oliver Sinisterra, se lo vincula con el narcotráfico y se le atribuyen además de los secuestros algunos atentados con explosivos, en los que murieron cuatro militares y una treintena resultaron heridos. Si bien sus últimas acciones se registraron en territorio ecuatoriano, se trataría de una organización con una dotación de unos 80 milicianos, afincada en Colombia, pese a la disputa que mantuvieron durante días Santos y Moreno sobre cuál era la zona del secuestro. En sus últimas declaraciones, Moreno afirmó su convencimiento de que las FARC mantienen un brazo armado. Esta consideración no contribuye al camino hacia la paz definitiva que inició Colombia tras el acuerdo de La Habana por el cual la exguerrilla se convirtió en el partido político Frente Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y que se empantanó aún más con la detención de uno de sus líderes, Jesús Santrich (ver aparte). A la vez, Moreno decidió retirar a su país como garante en el diálogo de paz entre Colombia y el ELN, que se celebraba en Quito, en represalia por los actos de violencia cometidos por la guerrilla colombiana. La medida va en sintonía con la posición de Santos frente a las acciones que continúa cometiendo la milicia, pero lejos de presionar hacia una resolución consigue que se aleje más. El traslado de la mesa a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternas: Brasil, Chile, Cuba, Venezuela o Noruega, hacia donde no hay vuelos directos, será un escollo para los dirigentes del ELN, evalúan activistas por la paz. Por su parte, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que «el presidente Santos comprende las razones por las cuales el presidente Moreno decidió apartarse de su condición de garante y de anfitrión de estas negociaciones». 

La doctrina de la «silla vacía»

La Corte Suprema de Colombia negó la libertad al excomandante guerrillero de las FARC Jesús Santrich, detenido para ser extraditado a Estados Unidos, a pedido de la Justicia de ese país por un supuesto delito de tráfico de drogas que habría sido cometido después de la firma del acuerdo de paz.

Santrich, quien es ciego, inició una huelga de hambre para protestar por su situación en la cárcel La Picota, donde fue alojado, y luego de conocerse la decisión del tribunal le anunció a su familia que llevará su decisión hasta las últimas consecuencias, porque prefiere morir en Colombia antes que vivir en una celda en Estados Unidos». El exguerrillero es uno de los cinco diputados de FARC que asumirían en junio como parte del acuerdo suscripto en La Habana, pero esta situación puede hacer que la nueva fuerza política pierda la banca por la doctrina de la «silla vacía». «