El oficialismo aprobó traer a declarar por la fuerza pública al ex director de la obra social de los judiciales

Un nuevo encuentro de la comisión de juicio político se desarrolló este miércoles en la Cámara de Diputados. Con el foco puesto en las irregularidades denunciadas contra los ministros de la Corte Suprema en el manejo de la obra social del Poder Judicial se escucharon nuevos testimonios.

El ausente fue el ex administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi quien pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Frente al magistrado ratificó que lo desplazaron por las irregularidades que detectó en la Obra Social.

Tampoco asistieron el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard: “Justifica su no comparecencia con una nota y pide reprogramar su audiencia”. Mientras que el contador público Nicolás Serafini “de igual modo pide reprogramar su declaración para a la audiencia de la próxima semana”.

La ausencia de Marchi, provocó el momento más picante del encuentro cuando use cruzaron discursivamente el titular del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade. En ese contexto, López denunció que “Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político”, y acusó que “el juez Lijo es gran amigo del FdT”.

El diputado kirchnerista no tardó en responder y lo acusó de ir “al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi”.

Por otro lado, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no se presentó a testificar.

Además, se aprobó por mayoría del FdT una ampliación de prueba que consiste en solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez. La comisión retomará su labor el próximo martes con invitados a confirmar.