La decisión fue anunciada hoy, pero entrará en vigencia a partir de mañana, 1° de mayo. Con la misma se busca dejar de lado "privilegios" y supone un cambio radical en el tratamiento de los delitos cometidos en el interior de la estructura elclesiástica.

Con esta medida, en cambio, se someterán en primera instancia al Tribunal, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa del papa, consignó la agencia de noticias AFP. A través de esta iniciativa, denominada «motu proprio» el Pontífice desea afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia, «sin privilegios que datan del pasado». Este tribunal de primera instancia era muy criticado por no poder convocar a los más altos prelados de la Iglesia.
En los próximos meses tendrán lugar varios procesos penales importantes, en los que están involucrados cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaria de Estado (Gobierno del Vaticano), y por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal. Entre ellos, existe una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres, con el aval de la Secretaría de Estado. La investigación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio o eventualmente incurrieron en corrupción.
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