El Parlasur pone en la mira a Luis Almagro

El Parlasur impulsará una investigación para conocer “la verdad” sobre las conclusiones, razones y motivaciones del informe de la Organización de Estados Americanos promovido con entusiasmo por su secretario general, Luis Almagro, que afirmó que había habido fraude en las elecciones de 2019 que consagraron la reelección de Evo Morales y abrieron la puerta a un estallido social que culminó con el golpe de Estado en Bolivia.

La petición será presentada desde la presidencia del cuerpo legislativo del Mercosur, por iniciativa de su presidente, el argentino Oscar Laborde. “La investigación buscará que se sepa la verdad, incluso dejar un antecedente de que no pueda haber una distorsión de la voluntad popular, o inmiscuirse de semejante manera en un proceso electoral”, explicó Laborde.

“Ya pasó una nueva elección, volvió la democracia y quedó demostrado que no hubo fraude. Hubo investigaciones que lo dicen, y yo estoy trabajando en ellas. Lo que pedimos es que nos digan qué elementos tenía la secretaría general, que es la encargada de las misiones de observación electoral, qué papeles de trabajo, qué elementos le hicieron pensar que había que votar de vuelta?”, indicó. Además hará una presentación penal contra la actuación de Almagro en el conflicto.

A lo largo del año fueron varias las investigaciones que cuestionaron el informe de la OEA. Una de las primeras fue la presentada en noviembre de 2019 por el Centro de Investigación en Economía y Política, organismo con sede en Washington, que integra el excanciller ecuatoriano Guillaume Long. En febrero y en junio se difundieron los realizados, uno por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab, y el otro por Nicolás Idrobo y Dorothy Kronick, de la Universidad de Pennsilvanya; y Francisco Rodríguez, de la Universidad de Tulano. Ambos concluían que no había “ninguna evidencia estadística de fraude”.

En un comunicado de esos días escrito con el tono habitual del propio Almagro, la OEA afirmó que alguno de aquellos estudios estaba “obviamente marcado por cierta orientación ideológica” y “una encomiable aparente lealtad hacia el ex presidente Evo Morales”.

Tal como comenta Laborde, el informe preliminar de la OEA, a pocos días de las elecciones de octubre de 2019, fue “lo que desencadenó el golpe”. Un mes después, cuando debía estar el informe definitivo, la OEA asumía que todavía estaba trabajando en las conclusiones, a pesar de que ya había sido forzada la renuncia de Evo, entonces asilado en México, y se instauraba el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Ante un pedido del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) para “que haga pública la totalidad del informe preliminar sobre las elecciones en Bolivia”, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza reconoció que aún no contaba con el informe definitivo.

¿Por qué la OEA pudo afirmar con la contundencia que lo hizo que existió fraude? ¿Por qué se apresuró en adelantar sus conclusiones? ¿Qué rol tuvo, entonces, en la difusión del tema, el secretario General?”, son preguntas que deberá contestar el organismo según la demanda del Parlasur.

El pedido no implica un juicio de valor, pero es claro que si la respuesta es poco concluyente, contribuirá a desprestigiar aún más a una conducción, la de Almagro, que ya está cuestionada por varias naciones por su marcado sesgo y su alineamiento irrestricto con la saliente administración de Donald Trump. La OEA no está obligada a responder si no lo aprueban las naciones miembro. Aunque negarse a ofrecer información no sería una buena señal.

Si bien la demanda no tiene fecha, Laborde afirmó que en cuestión de días hará la presentación ante la mesa directiva y que se resolverá con el acuerdo de los integrantes, ya que este tipo de actuaciones no requiere de la aprobación del pleno.

En forma particular, Laborde presentará también una demanda penal “posiblemente en Bolivia, para que el fiscal evalúe si el informe de la OEA fue partícipe necesario o cómplice de una situación que generó muertes e interrupción del orden institucional”.