El plan por etapas de Vidal para aprobar tres proyectos clave

El gobierno de María Eugenia Vidal arrancará esta semana las negociaciones para intentar aprobar antes del recambio legislativo el Presupuesto 2018, la ley impositiva y el «pacto fiscal» para que los municipios achiquen el gasto y el personal, el paquete de iniciativas que envió el último viernes a la Legislatura bonaerense. 

Como en los dos Presupuestos anteriores, el proyecto que ingresó por Diputados contempla gastos totales por 630 mil millones de pesos para 2018 e incluye un pedido de endeudamiento de 58.890 millones de pesos –que supera los 66 mil millones si se cuentan las Letras del Tesoro y la deuda con Nación– y de 1005 millones de dólares de organismos internacionales para «continuar con el plan de obra pública», según argumenta el Ejecutivo. Para aprobarlo, Cambiemos necesita los dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin manos peronistas. 

El desfile de funcionarios del Ejecutivo por la Legislatura arrancará el martes con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien además de explicar a diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto la pauta de gasto y deuda también explicará los ejes de la ley impositiva que prevé una suba promedio del 56% para las partidas del Inmobiliario Urbano y del 50% para el Inmobiliario Rural. Apenas se conoció, el incremento ya generó el rechazo de todas las asociaciones de consumidores y también de las entidades del campo que aseguran que la suba es «desmesurada» y «no tiene relación con la inflación». 

El miércoles, en tanto, expondrá ante los legisladores el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el jueves lo harán sus pares de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; y de Salud, Andrés Scarsi. Esas áreas son, según el gobierno, las de mayor inversión para 2018. 

La apuesta del oficialismo es tratar los proyectos antes del recambio legislativo –hasta entonces continúa su sociedad con el massismo– y repetir los acuerdos con los legisladores peronistas que aprobaron los endeudamientos de los dos Presupuestos anteriores, más aún teniendo en cuenta que muchos de ellos dejan su banca el 10 de diciembre. En el Ejecutivo creen que si el tratamiento se demora, el nuevo bloque de Unidad Ciudadana –será la segunda fuerza– podría significar una traba para los planes de Vidal. 

En la negociación de los dos años anteriores tuvieron un lugar central los intendentes peronistas del Conurbano: consiguieron la incorporación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que les permitió realizar y mostrar obras a nivel local atadas al endeudamiento provincial, y en 2016 lograron, además, que Cambiemos les cediera la Defensoría del Pueblo. 

El FIM no está incluido en el Presupuesto 2018, pero desde el Ejecutivo adelantaron que será prenda de negociación, ya que también es un reclamo de los intendentes propios. A esto habrá que sumarle el debate por la ley de responsabilidad fiscal que Vidal envió también el viernes y por la que busca que los municipios ajusten gastos, deuda y personal si quieren recibir asistencia financiera y permisos de endeudamiento de la Provincia. 

El massismo, socio legislativo de Vidal hasta diciembre, llega al debate del Presupuesto atravesado por las internas que estallaron tras el mal resultado de las elecciones. El bloque del Senado, que tenía nueve integrantes, se rompió el viernes en medio de acusaciones y pases de factura: cuatro senadores que se van en diciembre formaron bancada propia y jugarán con la liga de gobernadores peronistas. El quiebre suma para Cambiemos que ahora quedó a un paso de destrabar la adhesión a la ley de ART, que frena los juicios laborales. 

Las tensiones se replicaron en el bloque de diputados massistas, donde también circularon rumores de ruptura y aún no hay postura fijada sobre los proyectos. La vicepresidenta de la comisión de Presupuesto, la diputada Valeria Arata, dijo a Tiempo que aún no estudiaron los proyectos y que «sería irresponsable hablar sólo en base a los anuncios que el gobierno hizo a los medios». 

Desde el bloque del FpV, la diputada Lucía Portos, señaló a este diario que «hay una actitud irresponsable de la gobernadora al seguir endeudando a la Provincia», y apuntó que el Presupuesto incluye «recorte en áreas sociales» y que el ajuste político busca «el vaciamiento de áreas sensibles». Por último, apuntó a la pauta salarial que no está explicitada en el Presupuesto. «Queremos ver cuál es la estimación de la inflación y de la paritaria porque están hablando de un techo bajísimo. Esa es la preocupación mayoritaria de nuestro bloque», cerró. «