El reclamo urgente por otro modelo productivo que no envenene el ambiente ni los cuerpos

No es sólo un problema de los pueblos fumigados. El modelo de producción agropecuaria basado en el uso masivo de agrotóxicos tiene efectos sobre el ambiente en general y sobre los cuerpos de habitan también los ámbitos urbanos. Es uno de los ejes al que apunta la campaña Basta de Venenos, en el marco del Día Mundial de Lucha Contra los Agrotóxicos, el 3 de diciembre. “Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos”, plantea el colectivo integrado por múltiples organizaciones, que convocan a manifestarse frente al Congreso este viernes –entre otras actividades- y que ya recibió una fuerte reacción de los sectores que defienden el statu quo en el campo.

Luego de que Basta de Venenos pusiera en circulación una campaña protagonizada por actores y actrices que alertan sobre los riesgos del uso de agrotóxicos, la reacción llegó desde entidades agropecuarias como la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe). “La producción agropecuaria no es ficción”, criticaron mediante un comunicado, y reclamaron “basta de estigmatización, de grietas, de argumentos sin ciencia, basta de miedos”.

“Hubo varios intentos por deslegitimar la campaña, por plantear que no había profesionales detrás, como si se tratara de eso. Una reacción creo que esperada, pero también sorprende cómo a pesar de que toman todas las decisiones en nuestro país y de manejar todos los resortes, parece que se hubieran preocupado por la difusión”, señaló Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, investigador del Conicet y miembro de la campaña, que “pone como eje principal uno de los aspectos del modelo agroindustrial, que es la liberación masiva de agrotóxicos y cómo llegan a nuestros cuerpos tanto en los pueblos fumigados como en comunidades urbanas, que también son víctimas directas”.

Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. De acuerdo a los datos difundidos desde la campaña, en los últimos 25 años el uso de agrotóxicos se incrementó un 1200%. Eso se traduce en la tasa más alta del mundo: 12 litros por habitante, por año. “Es un número escalofriante. No son datos alarmistas, esto se calcula a partir de datos oficiales”, entre otros récords locales como que el país “figura entre los diez más deforestados y, como denuncian los apicultores, la mitad de los polinizadores se perdieron en los últimos años”.

“Desde un punto de vista global, la campaña intenta poner sobre la mesa las principales consecuencias, perversas, de este modelo extractivista agroindustrial, que incluye siembra directa, monocultivo, y por sobre todo la aplicación de millones de litros de agrotóxicos”, remarcó Rafael Colombo, de Abogados Ambientalistas. “Lo venimos registrando hace 30 años, es un reclamo histórico de los pueblos fumigados, que después de mucho tiempo ha empezado a penetrar en las conciencias urbanas. Porque además del testimonio desgarrador de los fumigados, se percibe que las frutas y verduras que a diario consumimos poseen niveles de agroquímicos por encima de los permitidos”.

Colombo resaltó que “no solamente hay una mayor sensibilidad pública colectiva, sino que además comienzan a visibilizarse las alternativas. Nos quieren hacer creer que este modelo de producción es el único posible y eso es una mentira brutal”. El impulso a las prácticas agroecológicas es otro de los ítems de la campaña que convoca a concentrarse este viernes a las 17.30 frente al Congreso.

Porque el reclamo apunta, también, al Poder Legislativo. “Es clave seguir dando la discusión acerca de la prohibición de prácticas como las fumigaciones aéreas o el almacenamiento de agrotóxicos en áreas urbanas, o los 1500 metros de distancia como mínimo, así como resguardar viviendas, cursos de agua. Es fundamental volver a poner sobre la mesa las condiciones mínimas indispensables para asegurar el mayor resguardo posible ante la aplicación indiscriminada y sin control de agrotóxicos”, enumeró Colombo. Apuntó además que sigue pendiente “la incorporación de un régimen penal ambiental que penalice estas conductas” y recordó que se espera el avance de proyectos como el de acceso a la tierra, la prórroga de la prohibición de desalojos de comunidades y la ley de humedales, cerca de perder estado parlamentario.

Violencia invisible

Las fumigaciones con agrotóxicos que afectan en lo cotidiano a pueblos y comunidades rurales y semi-urbanas llegan a ser noticias algunas veces. Pocas. Sólo cuando adquieren carácter escandaloso, como al afectar a niños y niñas en escuelas o cuando producen intoxicaciones inmediatas y masivas, como pasó recientemente en la localidad de Presidencia Roca, en Chaco. El caso, que incluso llegó a los grandes medios, fue denunciado y –hasta el momento- la Justicia le dio la razón a la comunidad fumigada.

Luego de que familias enteras sufrieran vómitos, diarreas y dolores de cabeza tras una serie de fumigaciones ilegales a fines de octubre –sin preaviso, sin tener en cuenta los vientos, entre otras irregularidades-, la Justicia suspendió las fumigaciones en esos campos, pertenecientes al Grupo Eurnekian y utilizados por la algodonera Marfra. En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos interpuestos por la empresa y mantuvo la cautelar ordenada.

La Cámara consideró entre sus fundamentos que “el peligro inminente es una cuestión muy problemática en el contexto de la exposición a determinadas sustancias tóxicas, en los casos en los que las enfermedades pueden tardar años o décadas en manifestarse, teniendo incluso extensión más allá de los efectos directos de las enfermedades y discapacidades que se pueden ver y sentir, puesto que las sustancias químicas industriales tóxicas, los plaguicidas, diversos contaminantes y otras sustancias peligrosas infligen una violencia invisible mediante la mutación del ADN y daños a las estructuras celulares, interfiriendo con los sistemas bioquímicos normales de los que dependen la vida, la salud y el desarrollo de las personas”. Además, según indicó el abogado Juan Alberto Sánchez, representante de uno de los denunciantes, los jueces de cámara le plantearon al magistrado local que urge conocer la sentencia.