Como fruto de una dilatada y enriquecedora experiencia, nuestro movimiento agrupa a frigoríficos, imprentas, fábricas de electrodomésticos, fábricas de sustancias alimenticias, hoteles, metalúrgicas, cristalerías, escuelas, medios gráficos, radiales y televisivos, entre otros establecimientos que producen de manera autogestionada una amplia gama de productos y servicios.
No podemos volver al asistencialismo, a la idea de que con un «pequeño subsidio» para comprar una «maquinita» se hace política pública para las cooperativas. Desarrollamos una actividad productiva genuina que puede hacer un aporte significativo a la sostenibilidad de un nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana.
Para que eso sea posible, es necesario diseñar una política pública que contemple:
l Créditos a tasas razonables para capital de trabajo y reconversión tecnológica; tarifas lógicas, justas y que puedan afrontarse; seguridad social en igualdad de condiciones con lxs trabajadorxs de la misma rama a partir de un régimen propio.
l Una nueva reforma de la ley de concursos y quiebras que libere a las cooperativas surgidas de empresas fallidas de las deudas acumuladas por sus antiguos dueños.
l La declaración de «utilidad pública sujeta a expropiación» de las unidades productivas recuperadas por sus trabajadorxs y la cesión a la naciente cooperativa de sus bienes y de eventuales créditos hipotecarios y/o prendarios a favor del Estado.
l Fomento a las cadenas productivas formadas por cooperativas para la compra, distribución y comercialización de sus productos.
l Planes de viviendas sociales promovidos desde el Estado, articulados con las cooperativas de construcción, que prevea la compra de los amoblamientos, revestimientos y electrodomésticos a cooperativas que los producen.
l Fondo para el financiamiento de nuestras cooperativas, al estilo del FONDES uruguayo, y respaldo político a la decisión de convertir en cooperativa cada una de las empresas que quiebre, cierre, se vacíe o no pueda seguir siendo gestionada por sus antiguos dueños.
Entretanto, debemos impulsar la más amplia articulación de las organizaciones de la economía popular social y solidaria.
El desastre económico provocado por el gobierno encabezado por el presidente Macri impone que nos organicemos para garantizar el acceso de nuestrxs compañerxs a los consumos básicos.
Mercados populares, panazos, verdurazos, son herramientas que deben ser difundidas, promovidas y extendidas territorialmente.
En el caso de los productos lácteos, que escasean o adquieren valores exorbitantes debido a la perversa política de las grandes empresas, las cooperativas trabajan sin descanso en el armado de cadenas productivas que no dependan de esos actores monopólicos y permitan que los tamberos reciban un valor justo por su producción.
Lxs productorxs familiares y cooperativos necesitan imperiosamente que nos organicemos para que su producción llegue sin intermediaciones distorsivas a manos de nuestrxs compañerxs.
No hay soberanía económica sin soberanía alimentaria, es decir, si se deja que los grandes productores y sus cadenas de comercialización nos digan cómo, cuándo y dónde debemos consumir.
Nuestras organizaciones producen bienes, servicios y alimentos mediante prácticas solidarias y con precios justos. Es necesario profundizar el proceso de integración que estamos construyendo y, en articulación permanente con el movimiento obrero, generar circuitos de comercialización que hagan que el dinero de lxs trabajadorxs quede en manos de lxs trabajadorxs.
El trabajo autogestionario asociado en nuestras organizaciones y redes cooperativas es una verdadera opción frente a los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Por eso, necesitamos políticas públicas que valoren su importancia y ensanchen sus posibilidades. «
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