El salario de los empleados estatales cayó un 31% real en los últimos cinco años

A pesar del hermetismo con el que se desarrollan las negociaciones entre los funcionarios del gobierno y los del FMI, es posible inferir que el organismo pondrá especial atención en la reducción del déficit fiscal.

Allí importan los ingresos en materia tributaria que pudiera obtener el Estado y que, en principio, apuesta a incrementar a partir de la consolidación de la recuperación económica, pero, al mismo tiempo y del otro lado, influyen los gastos que pudiera generar el Estado. Por eso, el foco está puesto, entre otros puntos, en la política de subsidios a los servicios y en la obra pública.

Los salarios de los empleados públicos nacionales también representan un gasto sensible del Estado que podría estar en la mira del organismo, si no para un recorte, al menos para congelar el poder adquisitivo actual y postergar una recomposición pendiente luego de años de retroceso.

Es que, si bien durante 2021 la evolución de los haberes de los empleados públicos nacionales estaría acompañando la suba de precios, lo cierto es que, según el seguimiento que realiza la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Indec, junto con los técnicos del organismo basados en datos oficiales, arrastran hasta octubre una pérdida del poder adquisitivo de un 31% desde noviembre de 2015 que, para diciembre de este año, proyectan en un 33,5% para la categoría laboral testigo D 0.

Para los técnicos del Indec, esa pérdida implica una deuda acumulada de $ 1,4 millones desde esa fecha para cada uno de los 120 mil empleados de los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y de unos 60 mil más que se desempeñan en los organismos descentralizados.

Desde agosto, el salario bruto de esa categoría, sin adicionales por títulos, se encuentra en $ 42.510 que, en forma neta, cae a poco más de $ 35 mil. Así, el salario de bolsillo de la categoría testigo equivale al 47% de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza para una familia integrada por dos mayores y dos menores, que en noviembre llegaba a los $ 73.918. Para encontrar una categoría laboral del escalafón estatal que, en términos netos, supere la CBT es necesario escalar 20 peldaños hasta la C 10. De hecho, de 60 categorías que se componen de seis letras y diez grados, apenas 20 superaban en noviembre el valor de la CBT.

Sin embargo, la misma Junta Interna del Indec elabora una canasta que supera la línea de pobreza y que incluye el alquiler y actividades de ocio y esparcimiento, entre otros consumos. Para sufragar esos gastos, en octubre, una familia necesitaba $ 116.134. Para encontrar una categoría que consiga reunir de bolsillo ese monto hay que escalar 15 categorías más. Dicho de otra forma, solo las cinco categorías superiores de la grilla, sin tomar en cuenta adicionales por títulos, superan lo que, aseguran, necesita una familia para tener condiciones de vida dignas.

A pesar de que el Presupuesto 2022 fue rechazado por el Congreso, el proyecto sirve al menos para explorar cuál es la política salarial del gobierno nacional el año próximo. En el ítem remuneraciones del Estado nacional, que incluye la masa salarial de todos los sectores incluyendo las fuerzas armadas y de seguridad, la pauta establece un incremento del 41,6% que se ubica por encima del pronóstico de inflación del 33% que pauta el Presupuesto, pero muy por detrás de las previsiones de las consultoras privadas que releva el BCRA, que pronosticaron en noviembre una suba del 52,1% para 2022.

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE, señaló a Tiempo que, efectivamente, «desde 2015 se aceleró la pérdida del poder adquisitivo. En 2021 estamos palo a palo con la inflación y hay un compromiso del gobierno de superarla. En un 70% de los organismos, incluyendo al SINEP, se ha superado y estamos esperando un bono que, aunque sea una suma fija, ayude a estar superando la inflación en la mayoría del universo de los trabajadores estatales».

Sobre 2022, Godoy señaló: «No descartamos una recuperación del salario. En definitiva, los condicionantes del FMI también estuvieron este año, aunque es cierto que fue un año electoral. Si hay voluntad política del gobierno de cumplir con el compromiso, es viable. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección».

Desde la Junta Interna del Indec, el delegado general adjunto, Raúl Llaneza, se mostró menos optimista: «No creo que este gobierno, más allá de los compromisos de regularizar el empleo precario en el Estado y jerarquizar a las plantas permanentes, tenga posibilidades reales de recuperar el salario. No hay vocación porque priorizan el acuerdo con el FMI. Dentro de las contradicciones internas del gobierno, todos acuerdan que hay que tener una resolución inmediata con el FMI, obviamente, a espaldas del pueblo trabajador».

Godoy advierte: «No queremos retroceder más, queremos recuperar. Para eso al FMI y a Macri hay que juzgarlos en los tribunales y después sentarse a discutir. En este escenario toda negociación va a ser perjudicial». «